La amenaza de un impuesto del 5% a las remesas, propuesta por el expresidente Trump, ha generado una oleada de reacciones, especialmente en estados como Oaxaca, fuertemente dependientes de estos envíos de dinero. El gobernador Salomón Jara Cruz se ha unido a la voz de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, manifestando su firme rechazo a esta medida que considera no solo discriminatoria e injusta, sino también potencialmente peligrosa para la economía formal y la seguridad.

Imaginen el impacto: miles de familias oaxaqueñas que dependen de estos recursos para su sustento diario, viendo mermados sus ingresos por un impuesto que castiga el esfuerzo y el sacrificio de sus seres queridos en el extranjero. El gobernador Jara Cruz lo ha dicho con claridad: los migrantes mexicanos ya contribuyen al sistema fiscal estadounidense como cualquier otro trabajador. ¿Es justo entonces imponerles una doble carga impositiva por el simple hecho de querer apoyar a sus familias?

La cifra es impactante: 3 mil 433 millones de dólares en remesas recibidas por Oaxaca en 2024. Una cantidad que representa una bocanada de aire fresco para la economía local, impulsando el consumo, la inversión y el desarrollo de comunidades enteras. ¿Qué pasaría si una parte de este flujo vital se desviara hacia canales informales, oscuros y peligrosos, controlados por el crimen organizado? El gobernador Jara Cruz ha alertado sobre este riesgo latente, advirtiendo que un impuesto a las remesas podría fortalecer las redes de lavado de dinero, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad de la región.

No podemos ignorar la importancia de las remesas para Oaxaca y para México. Representan un motor económico fundamental, un testimonio del amor y la solidaridad de millones de migrantes que, a pesar de la distancia, mantienen un fuerte vínculo con sus raíces. Gravar las remesas, como bien lo señala el gobernador, no resuelve ningún problema, sino que crea nuevas dificultades, afectando a los más vulnerables y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las familias.

El llamado a las autoridades estadounidenses es claro: reconsideren esta medida injusta y peligrosa. El trabajo conjunto entre los gobiernos de México y Oaxaca, como lo ha reafirmado el gobernador Jara Cruz, seguirá enfocado en proteger los intereses de los migrantes y sus familias, defendiendo el fruto de su trabajo y garantizando que las remesas sigan fluyendo de manera segura y transparente, contribuyendo al desarrollo y bienestar de las comunidades. Es hora de reconocer el valor de las remesas y de trabajar juntos para construir un futuro más justo y próspero para todos.