El telón se levanta en Zacatecas, revelando un drama político que se desarrolla con la intensidad de una telenovela. La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), otrora un faro de conocimiento, se ha convertido en el escenario de una batalla campal entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), una lucha de poder que tiene como incómodos protagonistas a los hermanos Monreal. La trama no es nueva: alianzas rotas, acusaciones cruzadas, y el fantasma de la corrupción rondando los pasillos del poder. Pero en esta ocasión, la pugna ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, salpicando a la justicia, la política y la indignación social.

Zacatecas se une así a la creciente lista de entidades –Hidalgo, Puebla y Coahuila– donde el divorcio político entre antiguos aliados deja tras de sí un reguero de escombros institucionales. Las universidades públicas, teóricamente autónomas, se convierten en trincheras donde los ex socios se disparan con munición cargada de traiciones, clientelismo y ambición desmedida.

En el último capítulo de esta saga zacatecana, el gobernador David Monreal ha consolidado su poder mediante alianzas estratégicas, incluyendo su cercanía con el rector Rubén Ibarra Reyes, una relación tan pública como controvertida. Sin embargo, este castillo de naipes comenzó a tambalearse cuando Ibarra fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado contra una menor. Aunque la reclasificación del delito le permitió enfrentar el proceso en libertad, el caso desató una ola de protestas y paros estudiantiles, alimentados por las sospechas de un manejo judicial, digamos, "flexible".

La indignación crece día a día, y no solo entre los colectivos feministas. Las señales de complicidad institucional son demasiado evidentes como para ignorarlas. El juez Alfredo Sánchez, encargado del caso, es señalado por favorecer al rector, mientras la Fiscalía estatal guarda un silencio que se interpreta más como un respaldo tácito que como prudencia.

Como si el escándalo no fuera suficiente, todo esto ocurre en medio de un proceso de sucesión rectoral que se asemeja más a una herencia dinástica que a una elección democrática. La victoria de Ángel Román Gutiérrez, secretario general y aliado de Ibarra, ha levantado sospechas, especialmente después de que Jenny González Arenas, la candidata opositora, fuera vinculada a proceso por administración fraudulenta tras anunciar una impugnación. Las medidas cautelares impuestas la inhabilitan para ejercer su cargo sindical, una maniobra política que la ha borrado del mapa.

En medio de este fuego cruzado, la universidad, su razón de ser, parece ser lo que menos importa. La UAZ se encuentra secuestrada por una guerra de élites que utilizan las estructuras académicas como botín y barricadas.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Qué harán desde la capital aquellos que poseen las llaves del poder nacional? ¿Ricardo Monreal desde San Lázaro? ¿Saúl Monreal desde el Senado? ¿Luisa María Alcalde como dirigente de Morena? ¿Y Alberto Anaya, el eterno cacique del PT? Mientras la universidad de Zacatecas arde, en la Ciudad de México reina un silencio inquietante. Un silencio que aturde, mientras el becerro se consume entre las llamas. ¿Será que la ceguera política ha alcanzado tales niveles? ¿O será que la conveniencia los ha vuelto sordos a los clamores de justicia? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.

Y como diría aquel filósofo cuyo nombre se me escapa: “Las universidades son semilleros de conocimiento… o de escándalos, dependiendo de quién las administre”. Una frase que resuena con fuerza en estos tiempos turbulentos, donde la política y la academia parecen bailar un tango peligroso al borde del abismo. El futuro de la UAZ, y quizás el de otras instituciones, pende de un hilo.