Nos encontramos ante un panorama electoral complejo, donde la sombra de la duda se cierne sobre la legitimidad del proceso. La reforma judicial, piedra angular de estas elecciones, se erige sobre un cimiento de irregularidades y violaciones legales, un camino sembrado de desacatos a mandatos judiciales y sesiones legislativas que carecieron de la transparencia necesaria. Este proceso legislativo, apresurado y opaco, ha dinamitado la separación de poderes, un pilar fundamental de nuestra democracia.

Si la construcción de la reforma fue cuestionable, el proceso electoral que de ella deriva no se queda atrás. La presencia de candidatos vinculados al crimen organizado, algunos incluso con sentencias por narcotráfico, es una mancha que difícilmente se puede ignorar. A esto se suma la insólita cantidad de afiliados a Morena que intentaron registrarse como observadores electorales, una cifra que levanta sospechas y que nos obliga a preguntarnos sobre las verdaderas intenciones detrás de este despliegue. Por primera vez en décadas, los funcionarios de casilla no contarán los votos, y la ciudadanía tendrá que esperar días para conocer los resultados, aunque muchos ya anticipan el resultado.

La apatía ciudadana contrasta con el inusual entusiasmo de quienes buscan ser observadores electorales. Mientras que en la elección federal de 2021 se registraron poco más de 19 mil observadores, y en la de 2024 alrededor de 25 mil, para esta elección la cifra se dispara a más de 317 mil. Un incremento desproporcionado que, sumado a la identificación de miles de solicitantes afiliados a la 4T, alimenta la desconfianza y la percepción de un intento de control del proceso.

La complejidad de la votación añade otra capa de dificultad. Las seis boletas para la elección judicial federal, que en algunas entidades se suman a las de las elecciones locales, presentarán al elector un laberinto de nombres y cargos. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Juzgados de Distrito, pasando por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cantidad de candidatos a elegir supera los 280. Una tarea titánica que puede desincentivar la participación y generar confusión.

Ante este escenario, la pregunta de si votar o no se convierte en un dilema ético y político. Participar podría interpretarse como una legitimación de un proceso viciado. Abstenerse, por otro lado, significaría ceder terreno y entregar el control del Poder Judicial. No hay una respuesta fácil, y cada ciudadano deberá sopesar las implicaciones de su decisión. En este contexto, la abstención, como acto de protesta y rechazo a un sistema que parece alejarse de los principios democráticos, cobra una nueva dimensión. Se convierte en una forma de expresar la inconformidad y exigir un cambio hacia un proceso electoral más transparente y justo. El silencio de la abstención puede ser más elocuente que el voto emitido bajo la sombra de la duda.