La sombra del embarazo adolescente sigue planeando sobre México, a pesar de los avances en la reducción de la tasa de fecundidad general. Si bien celebramos la disminución en los números, no podemos ignorar la persistencia de este fenómeno que trunca los sueños y oportunidades de miles de niñas y adolescentes, particularmente en estados como Guerrero, Chiapas y Zacatecas. La disparidad entre estas entidades y otras como Quintana Roo o la Ciudad de México nos revela una profunda desigualdad en el acceso a la información, a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a una educación integral que empodere a nuestras jóvenes.

El artículo 4° constitucional, pilar fundamental de nuestro sistema jurídico, garantiza el derecho a la salud y obliga al Estado a proveer servicios integrales y gratuitos. Sin embargo, la realidad en muchas comunidades es distinta. La falta de acceso a métodos anticonceptivos, la desinformación y la persistencia de tabúes en torno a la sexualidad, condenan a muchas jóvenes a la maternidad temprana, perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad. Es una deuda pendiente que debemos saldar como sociedad.

El Coneval ha sido claro al señalar al embarazo adolescente como un problema público con una marcada dimensión de género. Este fenómeno no solo limita las posibilidades de desarrollo académico y profesional de las jóvenes madres, sino que también las expone a mayores riesgos de salud y vulnerabilidad. La pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades se entrelazan en una compleja red que atrapa a estas jóvenes y les dificulta romper el círculo vicioso.

No podemos obviar la violencia sexual, un factor determinante en muchos casos de embarazo adolescente, que permanece en la sombra y a menudo queda impune. Es imperativo visibilizar esta problemática y fortalecer los mecanismos de protección y acceso a la justicia para las víctimas.

La educación sexual integral, adaptada a cada edad y etapa del desarrollo, es la piedra angular para la prevención del embarazo adolescente. Debemos dotar a nuestras niñas y adolescentes con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su sexualidad. Es fundamental que las instituciones educativas y de salud trabajen de la mano para implementar programas efectivos y accesibles que promuevan la salud sexual y reproductiva.

Más allá de la información, es crucial construir entornos seguros y libres de violencia para nuestras niñas y adolescentes. La escuela, la familia y la comunidad deben ser espacios donde se promuevan sus derechos, se las empodere y se las aliente a alcanzar su pleno potencial. Solo así podremos construir un futuro donde todas las jóvenes tengan la oportunidad de decidir sobre su vida y su futuro. La tarea es urgente, no podemos seguir postergando la construcción de un México más justo e igualitario para nuestras niñas y adolescentes. Su futuro es nuestro futuro.