La sombra del narcotráfico se cierne sobre el sistema financiero mexicano. La reciente reunión privada de Scott Rembrandt, jefe de la delegación estadounidense del GAFI, en la Convención Bancaria, ha desatado una ola de preocupación en el sector. Rembrandt no anduvo con rodeos: Estados Unidos está vigilando de cerca cómo los cárteles mexicanos lavan dinero, especialmente en zonas bajo su control. La administración de Donald Trump, con la reciente creación del delito de "narcoterrorismo" y la cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntos nexos con el crimen organizado, ha enviado un mensaje claro: no tolerarán la inacción. La advertencia de Rembrandt a los banqueros mexicanos fue contundente: si no cumplen con las regulaciones del Tesoro y el Departamento de Estado para prevenir el lavado de dinero, podrían ser desconectados del sistema financiero estadounidense. Las casas de cambio y transmisores de dinero están bajo la lupa. La visita de funcionarios del Tesoro y la OFAC en los próximos meses intensificará la presión. Los banqueros mexicanos, presentes en la reunión, expresaron su disposición a colaborar, conscientes de la gravedad de la situación. Propusieron un plan de acción conjunto y una revisión de las regulaciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero. La colaboración entre ambos países se torna crucial para combatir este flagelo. El temor a ser el eslabón débil ha unido a los gigantes financieros en un frente común contra el narcotráfico.

El escándalo de las becas en el Estado de México ha sacudido los cimientos de la 4T. La promesa de Delfina Gómez de impulsar la educación se ha visto empañada por un presunto esquema de corrupción en la Secretaría de Educación estatal. El presupuesto de 40 millones de pesos destinado a becas para estudiantes que viajarían al extranjero se esfumó en una red de sobreprecios. La trama involucra a altos funcionarios de la Secretaría, quienes habrían inflado los precios de los boletos de avión a través de una empresa fantasma. Se estima que se desviaron al menos 12.8 millones de pesos, dejando a cientos de estudiantes sin la oportunidad de estudiar en el extranjero. La Fiscalía Anticorrupción tiene en sus manos un caso que pone en entredicho la transparencia y la honestidad del gobierno estatal. La exigencia a los estudiantes de endosar cheques y la falta de licitación en la compra de boletos son solo algunas de las irregularidades que han salido a la luz. ¿Se hará justicia o este caso quedará en el olvido como tantos otros?

Ni siquiera tras las rejas, Fidel Kuri Grajales, el controvertido ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, ha cesado sus actividades ilícitas. Ahora, enfrenta una nueva imputación por fraude procesal, tras intentar engañar a un juez con un documento manipulado para obtener un cambio de medida cautelar. La maniobra, orquestada por Kuri y su equipo legal, consistió en alterar una evaluación de riesgos procesales, ocultando información crucial sobre su perfil como evasor potencial. La participación de tres abogados, uno de ellos inhabilitado por atentar contra la justicia, pone en evidencia la complejidad del esquema. La justicia deberá determinar si Kuri logrará evadir la prisión una vez más o si finalmente pagará por sus delitos.

La tensión se palpa en el Grupo Marzam, uno de los principales distribuidores de medicamentos en el mercado privado. Pablo Escandón Cusi, uno de los propietarios, ha iniciado acciones legales contra su socio, Rodrigo Herrera Aspra, tras una disputa por el control de la empresa. Ambos empresarios, dueños de Grupo Nadro y Genomma Lab respectivamente, se unieron hace años para adquirir Marzam, pero ahora enfrentan un conflicto millonario. Escandón reclama una inversión de al menos 50 millones de dólares y acusa a Herrera de tomar el control del negocio de manera unilateral. El futuro de Marzam pende de un hilo, mientras la batalla legal entre sus propietarios amenaza con desestabilizar la compañía.

La reciente visita de Claudia Sheinbaum a Chihuahua para firmar decretos de reconocimiento de propiedad comunal en la Sierra Tarahumara estuvo marcada por la ausencia de la gobernadora Maru Campos. Aunque se especuló sobre la presencia de la senadora Andrea Chávez como motivo de la ausencia de Campos, ninguna de las dos asistió al evento. La gira de Sheinbaum forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, una iniciativa que busca restituir tierras a las comunidades indígenas de la región. La ausencia de la gobernadora, sin embargo, deja entrever las tensiones políticas que subyacen en la relación entre el gobierno federal y el estatal.