La decisión de renunciar a la facultad presidencial de designar jueces, ministros y magistrados, una prerrogativa históricamente en manos del Ejecutivo, marca un hito en la evolución democrática de México. La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido con vehemencia esta postura, argumentando que la elección popular del Poder Judicial fortalece la representatividad y legitimidad de este crucial brazo del Estado. Este cambio, que modifica la estructura constitucional establecida durante el mandato del expresidente Ernesto Zedillo, representa una apuesta decidida por la participación ciudadana y la consolidación de un sistema judicial más cercano a las necesidades e intereses del pueblo.

La Jefa del Ejecutivo ha enfatizado que este acto de "renuncia" a un poder tradicionalmente presidencial no es una pérdida, sino una ganancia para la democracia. Al ceder esta facultad al pueblo, se empodera a la ciudadanía y se refuerza la idea de un gobierno que emana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta visión, profundamente arraigada en los principios democráticos, busca desmantelar las estructuras de poder vertical y construir un sistema más horizontal, donde la voz de cada mexicano y mexicana tenga el mismo peso en la toma de decisiones trascendentales para el país.

Ante las críticas de la oposición, que tilda esta iniciativa de autoritaria, Sheinbaum Pardo ha respondido con contundencia. "¿Cómo puede ser autoritario que el pueblo decida?", ha cuestionado, revirtiendo el argumento y señalando que lo verdaderamente autoritario es la concentración del poder en unas pocas manos. La elección popular de jueces, ministros y magistrados, en cambio, representa un ejercicio de soberanía popular y una oportunidad para que la ciudadanía participe activamente en la configuración del Poder Judicial.

Este debate en torno a la elección del Poder Judicial pone de manifiesto la tensión entre diferentes visiones sobre la democracia. Mientras algunos defienden la necesidad de un sistema representativo donde los expertos designen a los jueces, otros abogan por una participación ciudadana más directa en la selección de quienes imparten justicia. La propuesta de la mandataria Sheinbaum Pardo se inscribe en esta segunda corriente, apostando por la sabiduría colectiva y la capacidad del pueblo para tomar decisiones informadas y responsables.

La expectativa por la jornada electoral del primero de junio es palpable. La mandataria ha expresado su confianza en la masiva participación ciudadana, convencida de que millones de mexicanos y mexicanas acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto y refrendar su compromiso con la democracia. Esta elección, más allá de la designación de jueces, ministros y magistrados, representa una oportunidad para reafirmar la soberanía popular y consolidar un sistema judicial más justo, transparente y representativo de la voluntad del pueblo. El futuro del Poder Judicial, y en gran medida el futuro de la democracia mexicana, se decide en las urnas. La participación ciudadana es, ahora más que nunca, fundamental para construir el país que todos queremos.