La política, en su esencia, debería ser el arte de construir consensos y soluciones para el bien común. Sin embargo, en ocasiones, se pervierte, transformándose en un escenario donde la ambición desmedida y la desesperación por el poder eclipsan cualquier principio ético. En este contexto turbio, la difamación y la creación de escándalos se convierten en armas arrojadizas, utilizadas sin escrúpulos para desprestigiar a adversarios políticos y manipular a la opinión pública.

El reciente caso del diputado Adrián González Naveda ilustra a la perfección esta preocupante tendencia. Sus acusaciones públicas contra el empresario Vinicio Ascencio, a quien señala por supuestos despojos de terrenos y acaparamiento de agua, carecen de fundamento jurídico y se desmoronan ante el más mínimo análisis. La confesión del propio diputado de no haber presentado ninguna denuncia formal ante las autoridades competentes es reveladora. No se trata de buscar justicia, sino de orquestar un ataque mediático con fines puramente electorales, buscando dañar la reputación de Ascencio, quien compite contra el candidato que González Naveda apoya en Perote, Veracruz.

La actuación del diputado no solo es éticamente reprochable, sino que también demuestra una alarmante ignorancia del marco legal que, como legislador federal, debería conocer y respetar. Sus referencias a "careos" ante la CONAGUA y a supuestas etapas de conciliación administrativas inexistentes en la Ley de Aguas Nacionales evidencian un desconocimiento profundo de los procedimientos legales. Aún más grave es su intento de invertir la carga de la prueba, exigiendo a los ciudadanos que aporten evidencias del supuesto despojo que él mismo denuncia, desconociendo el principio fundamental de que quien acusa debe probar. Este tipo de comportamiento erosiona la confianza en las instituciones y trivializa la labor legislativa.

La demanda por daño moral que ahora enfrenta González Naveda es una consecuencia lógica de sus actos irresponsables. Sus palabras, lanzadas al aire sin el respaldo de pruebas, han tenido consecuencias legales. Este caso debería servir como una llamada de atención para aquellos que utilizan la difamación como herramienta política. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para la calumnia y la mentira.

En un país marcado por la violencia política, donde las amenazas y los asesinatos han forzado la renuncia de cientos de candidatos, la irresponsabilidad de González Naveda es aún más preocupante. En lugar de fomentar el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, sus acciones contribuyen a un clima de polarización y confrontación. La verdadera vocación de un representante popular debería ser la de canalizar las inquietudes ciudadanas a través de los mecanismos institucionales, no la de instrumentalizarlas para obtener réditos políticos.

Es imperativo que la sociedad exija a sus representantes un comportamiento ético y responsable. La política no puede ser un espacio para la improvisación y la difamación. Necesitamos líderes comprometidos con la verdad, la justicia y el bienestar común, no con la manipulación y el oportunismo. El caso de González Naveda debe servir como un ejemplo de las consecuencias que acarrea la política de la desesperación y la falta de escrúpulos.