La Sierra Tarahumara, un territorio de imponentes barrancas y rica cultura ancestral, está siendo testigo de un cambio histórico. La restitución de más de 800 hectáreas a las comunidades de Mesa Colorada y Mogótavo, pertenecientes a los pueblos Ódami y Rarámuri respectivamente, no es solo la devolución de tierras, es la reivindicación de una deuda histórica, el reconocimiento a la profunda conexión que estos pueblos mantienen con su territorio. Es un paso firme hacia la justicia social que busca reparar siglos de despojo y marginación.

Este acto, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, da continuidad al Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, un ambicioso proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que busca no solo la restitución territorial, sino también el desarrollo integral de estas comunidades. Se trata de un compromiso con la Cuarta Transformación, un movimiento que busca, en esencia, la construcción de un México más justo e igualitario.

La entrega de estas tierras, que se suman a las casi 3,000 hectáreas ya restituidas en meses anteriores, representa un triunfo para los pueblos originarios, guardianes de un invaluable patrimonio cultural y ambiental. No se trata simplemente de una cifra, cada hectárea recuperada simboliza la posibilidad de un futuro más próspero, un futuro donde la autodeterminación y el respeto a sus tradiciones sean la norma. Es la oportunidad de fortalecer sus prácticas agrícolas ancestrales, preservar su biodiversidad y, sobre todo, afianzar sus raíces en la tierra que les pertenece por derecho.

Pero la justicia no se limita a la restitución de tierras. El Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara es un programa integral que abarca diferentes áreas cruciales para el desarrollo de estas comunidades. La construcción de 16 caminos artesanales, por ejemplo, mejorará la comunicación entre las comunidades, facilitando el acceso a servicios básicos y promoviendo el intercambio comercial. El programa Salud Casa por Casa, con brigadas médicas permanentes, llevará atención médica directamente a las comunidades, un paso fundamental para garantizar el bienestar de sus habitantes. Y la construcción de escuelas de enfermería permitirá la formación de profesionales de la salud dentro de las propias comunidades, asegurando la atención médica a largo plazo.

La inversión de más de 5 mil millones de pesos en el Plan de Justicia, junto con los recursos del Fondo de Aportaciones Indígenas para la Infraestructura Social (FAIS), demuestra el compromiso del gobierno con el desarrollo de la Sierra Tarahumara. Es una inversión en el futuro, en la construcción de un México donde los pueblos originarios tengan el lugar que merecen, un lugar de dignidad, respeto y oportunidades. Es una muestra de que la justicia social no es solo un discurso, sino una acción concreta que transforma vidas. La presencia de diversas autoridades en el acto de entrega de tierras, desde la secretaria de Bienestar hasta el director del IMSS Bienestar, refuerza la idea de un trabajo conjunto, un esfuerzo coordinado para lograr un objetivo común: el bienestar de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Este es un paso importante, pero el camino hacia la justicia social es largo y requiere un compromiso constante. La esperanza reside en que este sea solo el inicio de una nueva era para los pueblos originarios de México.