La propuesta del congresista republicano Jason Smith de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México ha generado una ola de indignación y rechazo, no solo entre la comunidad migrante, sino también en la esfera política mexicana. Luisa María Alcalde, Presidenta Nacional de Morena, ha alzado la voz con fuerza, calificando la iniciativa como "discriminatoria, abusiva y profundamente injusta". Esta medida, que se discute actualmente en el Congreso estadounidense, amenaza con impactar directamente el bolsillo de millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos para su subsistencia.

Alcalde, a través de un video difundido en redes sociales, ha expresado su firme apoyo a los migrantes y ha respaldado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la defensa de la soberanía nacional ante esta posible agresión. La líder morenista ha enfatizado que este impuesto no solo representa un ataque económico, sino una afrenta a la dignidad de más de 40 millones de personas que, con su trabajo honesto y perseverante, contribuyen significativamente a la economía estadounidense.

El trasfondo electoral de esta propuesta no pasa desapercibido. Muchos analistas coinciden en que se trata de una estrategia política para captar el voto de ciertos sectores de la población estadounidense, utilizando como chivo expiatorio a la comunidad migrante. Sin embargo, las consecuencias de esta medida podrían ser devastadoras, no solo para las familias mexicanas, sino también para la economía de ambos países.

Las remesas, como ha señalado Alcalde, son el fruto del esfuerzo y sacrificio de millones de migrantes que, a pesar de las dificultades y la distancia, envían recursos a sus familias para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud. Imponer un impuesto a estas transferencias significa mermar la capacidad de estas familias para acceder a servicios esenciales y mejorar su calidad de vida.

Más allá del impacto económico, la propuesta del congresista Smith pone en tela de juicio el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la comunidad migrante. Se criminaliza y estigmatiza a quienes, con su trabajo, aportan al desarrollo económico de Estados Unidos y, al mismo tiempo, sostienen a sus familias en México.

La postura de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, es clara y contundente: rechazo total a esta medida discriminatoria y apoyo incondicional a la comunidad migrante. La defensa de la soberanía nacional y los intereses del pueblo mexicano son prioridades en la agenda política del partido. Se espera que la presión social y la movilización de diferentes actores políticos y sociales logren frenar esta iniciativa y garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. El debate está abierto y la lucha por la justicia apenas comienza. El futuro de millones de familias depende de ello.