La amenaza de un nuevo impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México ha generado una ola de preocupación y rechazo, no solo por parte del gobierno mexicano, sino también entre los millones de familias que dependen de estos recursos. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta de los senadores republicanos como discriminatoria, argumentando que se trata de un gravamen dirigido específicamente a los mexicanos que trabajan arduamente en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Esta medida, de aprobarse, impactaría directamente en la economía de millones de familias mexicanas, para quienes las remesas representan una parte crucial de sus ingresos.

Imaginemos a Doña María, una madre soltera en Michoacán, que depende de las remesas que le envía su hijo desde California para cubrir los gastos básicos de su familia: la comida, la educación de sus otros hijos, los servicios médicos. Con este nuevo impuesto, una parte significativa de ese dinero, que ya de por sí se gana con esfuerzo y sacrificio, se desvanecería en las arcas del gobierno estadounidense. ¿Qué opciones le quedarían a Doña María? ¿Tendría que recortar aún más sus gastos? ¿Buscar otro trabajo, a pesar de la dificultad de encontrar uno bien remunerado? Esta es la realidad que enfrentarían miles de familias mexicanas si se aprueba este impuesto.

Más allá del impacto económico directo, este gravamen plantea serias dudas sobre la legalidad de la medida. El Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994, establece claramente que los nacionales de un país no deben ser sometidos a impuestos más gravosos que los que se aplican a los nacionales del otro país en las mismas condiciones. El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha explicado que las remesas ya han sido gravadas en Estados Unidos, por lo que este nuevo impuesto constituiría una doble tributación, violando el tratado internacional. Este punto es crucial, ya que no solo se trata de una cuestión económica, sino también de un compromiso bilateral entre dos naciones.

La magnitud del impacto potencial es innegable. En 2024, las remesas alcanzaron la impresionante cifra de 64 mil 700 millones de dólares, representando el 3.5% del Producto Interno Bruto de México. En algunos estados, como Chiapas y Guerrero, las remesas representan un porcentaje aún mayor del PIB estatal, llegando incluso al 16% y 14% respectivamente. Estos datos evidencian la importancia vital de las remesas para la economía mexicana, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Además, para muchas familias, las remesas pueden representar hasta el 20% de sus ingresos totales, lo que demuestra su crucial papel en la subsistencia de millones de personas.

Ante esta preocupante situación, el gobierno mexicano ha instado a los mexicanos residentes en Estados Unidos a que se comuniquen con sus congresistas y expresen su rechazo a esta medida discriminatoria. Se ha argumentado que, en lugar de gravar a quienes menos tienen, se deberían buscar alternativas para que quienes más tienen contribuyan de manera justa al fisco. La propuesta, conocida como "The One, Big, Beautiful Bill", aún debe pasar por otra comisión y ser discutida en el pleno antes de su posible aprobación. La lucha contra este impuesto apenas comienza y requiere la unión y el esfuerzo de todos los afectados para proteger los intereses de las familias mexicanas. El llamado a la acción es claro: alzar la voz y defender el derecho a enviar y recibir remesas sin cargas injustas.