La regularización de los llamados "autos chocolate" se ha convertido en un tema candente en México, una herida abierta que supura corrupción e impunidad. Mientras el gobierno argumenta la necesidad de brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio familiar, la realidad en las calles y en las fronteras nos cuenta una historia muy diferente. Un relato de redes de contrabando que operan a plena luz del día, aprovechándose de la laxitud de los controles aduaneros y enriqueciéndose a costa del erario público. La promesa de pavimentación municipal con los recursos recaudados suena a burla ante la magnitud del problema que se está generando. Seis mil millones de pesos, ¿a qué precio? ¿A costa de la institucionalidad y el estado de derecho?

No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Los 2.5 millones de vehículos regularizados desde 2021 son un monumento a la ineficacia y la permisividad. Cada uno de esos autos representa una potencial violación a la ley, un eslabón en la cadena del contrabando y la corrupción. Mientras se celebra la recaudación, se ignora el costo real: la erosión de la confianza en las instituciones, la normalización de la ilegalidad y la pérdida de competitividad de la industria automotriz nacional.

Las denuncias de contrabando que involucran a figuras de alto nivel, como el caso del agente aduanal Roberto Ruiz Armas y su presunta conexión con el círculo cercano de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no pueden ser ignoradas. Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y transparentes que deslinden responsabilidades y castiguen a los culpables. No basta con declaraciones superficiales y promesas vacías. La ciudadanía exige acciones concretas.

La legalidad no puede ser un concepto flexible, adaptable a las conveniencias políticas. Es la base de una sociedad justa y equitativa. El gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley, no de buscar resquicios para justificar la impunidad. La derogación del decreto de regularización de autos chocolate es un paso fundamental para recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía.

Más allá de la derogación, es necesario un replanteamiento integral de la política aduanera. Fortalecer los controles en las fronteras, modernizar los procesos de importación y sancionar con severidad a quienes se benefician del contrabando son medidas urgentes e impostergables. No podemos permitir que la corrupción se convierta en la norma. El futuro de México depende de la capacidad de sus instituciones para garantizar el estado de derecho y combatir la impunidad.

La lucha contra la corrupción no es una tarea sencilla, pero es una batalla que debemos librar. La sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones deben trabajar en conjunto para erradicar este cáncer que corroe las bases de nuestro país. El silencio y la indiferencia son cómplices de la impunidad. Es hora de alzar la voz y exigir un México donde la ley se aplique a todos por igual, sin excepciones ni privilegios. Un México donde la justicia no sea una mercancía negociable, sino un derecho fundamental.