Las próximas negociaciones del T-MEC prometen ser un escenario de intensa confrontación entre México y Estados Unidos, particularmente en el ámbito laboral. La administración estadounidense, con una agenda clara y precisa, busca impulsar modificaciones sustanciales en la Ley Federal del Trabajo mexicana. Uno de los puntos clave de la discordia es la equiparación salarial entre los tres países norteamericanos, especialmente en sectores con alta integración comercial, como el automotriz, el acero, la minería y el vidrio. Esta medida, argumentan desde Washington, busca evitar prácticas comerciales desleales, conocidas como dumping, y garantizar una competencia justa en el mercado. Además, la transparencia en la gestión de los recursos sindicales se erige como otro de los pilares de la agenda estadounidense. Se exige una rendición de cuentas clara y precisa a los agremiados, así como elecciones sindicales equitativas y transparentes, libres de la sombra de la corrupción que históricamente ha plagado a algunas centrales obreras vinculadas al gobierno.

La no interferencia del gobierno mexicano en la vida sindical es otra de las demandas clave. Se busca garantizar la autonomía de los sindicatos y centrales obreras, evitando cualquier tipo de injerencia política que pueda comprometer su funcionamiento. Este punto, sin duda, será objeto de un intenso debate, considerando la compleja relación entre el gobierno mexicano y las organizaciones sindicales. La presencia de inspectores laborales estadounidenses en la embajada en México se plantea como una medida para asegurar el cumplimiento de los compromisos laborales. Esto implica una ampliación del alcance del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, incluyendo a "instalaciones designadas" en sectores estratégicos y a organizaciones sindicales como la CTM, la CROM, la CROC, la CATEM y el Sindicato Minero.

El cambio de administración en Estados Unidos, de demócrata a republicana, ha traído consigo la suspensión o eliminación de recursos económicos destinados a diversos programas, entre ellos el grupo de observadores y facilitadores del capítulo laboral del T-MEC. Este grupo, encabezado por Pablo Solorio, tenía la misión de apoyar a los sindicatos democráticos con la ayuda de la AFL-CIO y la OIT. La llegada del nuevo embajador, Ronald Johnson, un exmilitar con experiencia diplomática en El Salvador, marca un nuevo capítulo en la relación bilateral. Su agenda se centra en tres temas fundamentales: la seguridad nacional, la inmigración y el cumplimiento irrestricto de los compromisos comerciales. La reforma laboral en México y la vigilancia del cumplimiento de los compromisos sindicales son aspectos cruciales de su misión.

El caso de la empresa de carga aérea Mas, cuyo contrato colectivo fue reclamado por la ASPA, ilustra las complejidades del panorama laboral mexicano. A pesar de que los pilotos ganaron el recuento sindical contra el STIAS, el proceso se encuentra estancado debido a trabas burocráticas. Este caso pone de manifiesto la persistencia de vicios que el T-MEC busca erradicar.

Más allá del T-MEC, otros acontecimientos agitan el escenario político y económico mexicano. La posible designación de Paulina Moreno como Tesorera de Pemex, impulsada por Andy López Beltrán, ha generado controversia. Su salida de la Secretaría de Finanzas del Estado de México estuvo marcada por señalamientos de irregularidades, lo que despierta inquietudes sobre su gestión en la petrolera. Esta decisión podría representar un revés para los esfuerzos de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda por combatir la corrupción en Pemex.

Por otro lado, la empresa Servicios Integrados en Sistemas de Enfriamiento (SISESA) continúa acumulando contratos con la CFE, tanto en servicios de enfriamiento como en mantenimiento y limpieza de centrales eléctricas. La obtención de cuatro convenios por 127 millones de pesos en los últimos dos meses, principalmente por adjudicación directa, ha generado cuestionamientos y ha afectado a otras empresas del sector.

Finalmente, el respaldo del líder del SNTE, Alfonso Cepeda, al proyecto político de Claudia Sheinbaum, fortalece la posición de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la carrera presidencial. El apoyo del magisterio, un gremio con amplia representación nacional, constituye un activo político invaluable en la construcción del "segundo piso" de la 4T.