La sombra de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se alarga, alcanzando ahora los más altos estratos del sistema judicial guerrerense. La reciente detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, abre una nueva y crucial línea de investigación: la presunta destrucción de las grabaciones de video que podrían contener pistas clave sobre el paradero de los normalistas. Un velo de misterio y sospechas envuelve la posible existencia de estas grabaciones, que supuestamente registrarían el paso de algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes por el Palacio de Justicia. ¿Qué información crucial contenían estas imágenes? ¿Por qué se tomó la decisión de borrarlas, si es que realmente existieron? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza en los pasillos del poder y en el corazón de un país que aún clama por justicia.

La Fiscalía General de la República, con la lupa puesta en Galeana Marín, se adentra en un laberinto de interrogantes, buscando desentrañar la verdad detrás de esta posible obstrucción a la justicia. La presión de los familiares de los desaparecidos, quienes durante años han exigido respuestas y acciones concretas, ha sido un motor fundamental en este nuevo capítulo de la investigación. Su incansable lucha por la verdad y la justicia ha llevado a las autoridades a reexaminar cada detalle, cada posible pista, en la búsqueda de esclarecer el destino de sus hijos. La propia Presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la importancia de este tema para las familias, confirmando que la investigación se centra en la desaparición de estas grabaciones y la presunta responsabilidad de la expresidenta del TSJ.

La hipótesis que maneja la Fiscalía, según lo expuesto por la Presidenta, es que los videos fueron deliberadamente borrados. Un acto que, de confirmarse, representaría un duro golpe a la transparencia y a la confianza en las instituciones. La justicia, en su búsqueda de la verdad, se enfrenta ahora a la tarea de reconstruir los hechos, de recuperar, si es posible, la información perdida y de determinar las responsabilidades en este posible acto de ocultamiento. La complejidad del caso se acrecienta con cada nueva revelación, con cada nueva línea de investigación que se abre. El camino hacia la verdad es largo y tortuoso, pero la esperanza de las familias y la exigencia de la sociedad por justicia se mantienen firmes.

Mientras la investigación avanza, la figura del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, vuelve a ser mencionada. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum ha reiterado su postura, deslindándolo de cualquier implicación en los hechos, recordando que en la época de la desaparición de los normalistas, García Harfuch no se encontraba en Guerrero. Esta aclaración busca disipar las dudas y especulaciones que han surgido en torno a su persona, permitiendo que la atención se centre en la nueva línea de investigación que se abre con la detención de Galeana Marín. La prioridad, en este momento, es esclarecer el destino de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todos los responsables, sin importar su posición o influencia.

El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. Una herida que no sanará hasta que se conozca la verdad completa y se haga justicia. La detención de Lambertina Galeana Marín y la investigación sobre la desaparición de los videos representan un nuevo capítulo en esta dolorosa historia, un capítulo que podría ser crucial para finalmente desentrañar el misterio que rodea la noche del 26 de septiembre, cuando 43 jóvenes normalistas desaparecieron sin dejar rastro. La búsqueda de la verdad continúa, y con ella, la esperanza de que algún día se haga justicia.