La profunda reflexión del sociólogo Javier Auyero sobre la "desciudadanización" nos coloca frente a una realidad incómoda: la democracia no se limita a la existencia de derechos en el papel, sino a la capacidad real de los ciudadanos para comprenderlos y ejercerlos. Su trabajo con jóvenes urbanos, quienes desconocían sus derechos políticos y civiles, ilustra la desconexión entre la teoría y la práctica, entre la letra de la ley y la vida cotidiana. Este fenómeno, lejos de ser una anécdota aislada, se convierte en un desafío crucial para la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática. ¿De qué sirve tener derechos si no sabemos que los tenemos, o si no sabemos cómo utilizarlos?

Esta problemática se agudiza en el contexto actual, donde el acceso a Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Ya no se trata solo de acceso a la información, sino de participación en la vida pública, de expresión de ideas, de acceso a la educación y a un sinfín de oportunidades. En un mundo cada vez más digitalizado, la brecha digital se traduce en una brecha de ciudadanía. Quienes carecen de acceso a Internet se ven marginados, no solo del flujo de información, sino también de la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la construcción de la sociedad.

En México, a pesar del creciente número de usuarios de Internet, millones de personas aún permanecen desconectadas. Las cifras del INEGI y la ENDUTIH 2024 revelan una realidad preocupante: millones de mexicanos viven en zonas sin cobertura o carecen de los recursos para acceder al servicio. Esto crea una profunda desigualdad, limitando las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. ¿Cómo podemos hablar de una ciudadanía plena si una parte significativa de la población se encuentra excluida del mundo digital?

Ante esta situación, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de conectar a 15 millones de personas a través de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un paso fundamental hacia la inclusión digital y la reducción de la brecha de ciudadanía. Reconocer el acceso a Internet como un derecho habilitador, es decir, como una herramienta que permite el ejercicio de otros derechos, es un avance significativo. No se trata solo de conectar a la gente a la red, sino de brindarles las herramientas para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mundo digital.

El acceso a la educación, a la información, a la participación política, a la libre expresión de ideas, todo ello se ve fortalecido por el acceso a Internet. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum no solo busca cerrar la brecha digital, sino también la brecha de ciudadanía, empoderando a millones de mexicanos y brindándoles las herramientas necesarias para participar activamente en la construcción de un país más justo, equitativo y democrático. Es una apuesta por el futuro, por una sociedad más inclusiva y participativa, donde todos tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos y contribuir al desarrollo del país. Este es un paso crucial en la lucha contra la desciudadanización, un paso que nos acerca a la promesa de una democracia real y efectiva para todos.