La creciente preocupación por el acceso a las playas en Nayarit ha encendido las alarmas, y no es para menos. El Secretario de Turismo del estado, Enrique Suárez del Real Tostado, ha alzado la voz con firmeza ante las denuncias ciudadanas que proliferan en redes sociales, denunciando la obstrucción del acceso a estos espacios públicos. La privatización de las ventanas al mar, un bien común para todos los mexicanos, es una práctica intolerable que el gobierno estatal se ha comprometido a combatir con la fuerza de la ley.

No se trata solo de proteger el derecho de los turistas, nacionales e internacionales, a disfrutar de las maravillas naturales de Nayarit, sino también de preservar el patrimonio de los propios nayaritas, quienes históricamente han disfrutado de estas playas. Imaginen la frustración de quienes, habiendo crecido a la orilla del mar, se ven de pronto impedidos de acceder a las playas que forman parte de su identidad, de su historia, de su vida. Es una injusticia que no podemos permitir.

El Secretario de Turismo ha sido claro: el Gobernador ha dado instrucciones precisas para aplicar la ley con todo rigor contra aquellos que intenten apropiarse de lo que pertenece a todos. Y no se trata solo de palabras. Ya se han registrado casos, como el ocurrido recientemente en Playa Litibú, en Bahía de Banderas, donde la intervención de las autoridades permitió restablecer el acceso público a la playa. Este tipo de acciones demuestran el compromiso del gobierno con la defensa del derecho al libre tránsito y al disfrute de las playas.

Es fundamental entender que este problema no se limita a un simple desacuerdo entre particulares. Estamos hablando de la defensa de un derecho constitucional. Las playas mexicanas son bienes nacionales de uso público, y su acceso está garantizado por la ley. Cualquier intento de privatización, cualquier obstáculo que se interponga entre los ciudadanos y el mar, constituye una violación a la Constitución y debe ser denunciado.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. La participación ciudadana es crucial. Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para visibilizar estas problemáticas, pero no debemos quedarnos ahí. Es imprescindible formalizar las denuncias ante las instancias correspondientes: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e incluso los gobiernos municipales y estatales.

Cada fotografía, cada video, cada testimonio, cada detalle que podamos aportar a las autoridades es una pieza clave para construir un caso sólido y lograr que se tomen las medidas necesarias. No se trata solo de recuperar el acceso a una playa en particular, sino de sentar un precedente, de enviar un mensaje claro a quienes pretenden adueñarse del patrimonio natural de México: las playas son de todos, y no vamos a permitir que nadie nos las arrebate.

La lucha por la defensa de nuestras playas es una lucha por la justicia, por la igualdad, por el respeto a la ley y por la preservación de nuestro patrimonio natural. Es una lucha que nos compete a todos. Informémonos, denunciemos, participemos activamente en la construcción de un México donde el acceso a las playas sea un derecho real y efectivo para todos.