La indignación recorre San Luis Potosí tras la revelación de las condiciones deplorables en las que se encontraban los adultos mayores del asilo "Santa Sofía". Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, mostraban un panorama desolador: maltrato, vejaciones y una evidente falta de cuidado hacia quienes, en su vulnerabilidad, depositaron su confianza en esta institución. La clausura del establecimiento por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Fiscalía General del Estado (FGESLP) es un primer paso, pero no suficiente. La pregunta que resuena en la sociedad potosina es: ¿cómo pudo llegar a este extremo? ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, aún existan lugares que operen bajo la sombra de la impunidad, lucrando con la salud y el bienestar de nuestros mayores?

El operativo conjunto que llevó a la evacuación de diez personas –cuatro mujeres y seis hombres– revela una realidad aún más preocupante: la falta de regulación y control sobre este tipo de establecimientos. La ausencia de permisos de operación, la carencia de un Programa Interno de Protección Civil, la inexistencia de extintores, rutas de evacuación, y un largo etcétera de medidas básicas de seguridad, pintan un cuadro de negligencia criminal. No se trata simplemente de un descuido, sino de una violación flagrante a los derechos humanos de las personas más vulnerables.

Las palabras del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, condenando estos hechos y denunciando la existencia de al menos 50 albergues que operan bajo un modelo de negocio sin escrúpulos, nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad que, como sociedad, tenemos en la protección de nuestros mayores. No basta con indignarse ante las noticias. Es necesario exigir a las autoridades una supervisión más rigurosa, sanciones ejemplares para quienes lucran con el sufrimiento ajeno, y políticas públicas que garanticen una atención digna y respetuosa para nuestros adultos mayores.

La investigación iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Esperamos que este proceso no se quede en un simple trámite burocrático, sino que se traduzca en acciones concretas que permitan esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y, sobre todo, prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

El caso del asilo "Santa Sofía" debe servir como un llamado de atención para toda la sociedad. Debemos estar vigilantes, denunciar cualquier irregularidad y exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que la vejez se convierta en sinónimo de abandono y maltrato. El respeto y la dignidad son derechos inalienables que deben ser garantizados a todas las personas, sin importar su edad o condición.

La invitación está abierta a la reflexión y a la acción. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a un cambio real? ¿Cómo podemos asegurar que nuestros mayores reciban la atención y el cuidado que merecen? El futuro de nuestra sociedad depende de la respuesta que demos a estas preguntas. No podemos mirar hacia otro lado. La dignidad de nuestros adultos mayores es una responsabilidad de todos.