La situación política en Baja California se torna cada vez más compleja para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La revocación de su visa estadounidense, lejos de ser un simple trámite administrativo como ella misma lo ha calificado, se ha convertido en la punta del iceberg de una serie de acusaciones que amenazan con desestabilizar su administración. La investigación liderada por el senador Marco Rubio, que la vincula a ella y a su esposo con el grupo criminal Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, añade un peso considerable a las ya existentes preocupaciones sobre el manejo de las finanzas estatales. No se trata solo de rumores, sino de una pesquisa formal del Departamento de Estado que también involucra a empresarios locales y funcionarios federales, presuntamente implicados en esquemas de lavado de dinero y financiamiento ilícito. La sombra del narcotráfico se extiende sobre el gobierno estatal, y la ciudadanía observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos.

A las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, se suma la presunta implicación de la gobernadora en el tráfico de huachicol fiscal a través de las aduanas de Mexicali y Tecate. Este entramado, que supuestamente involucra a su cuñado, Luis Torres, y al director de Aduanas Fronterizas, Ernesto Vadillo Trueba, representa un duro golpe a la imagen de la administración y alimenta la desconfianza de la población. La complejidad de la situación se agrava con la crisis financiera que atraviesa el estado. La deuda pública, que ha alcanzado la alarmante cifra de 22 mil 700 millones de pesos, un aumento del 31.2% desde el inicio del sexenio, es un reflejo de la presunta negligencia y desorden en la administración de los recursos públicos.

La judicialización de parte de esta deuda, en particular el adeudo millonario con Banco Afirme, pone en evidencia la fragilidad financiera de Baja California y el riesgo que representan estos esquemas de financiamiento para la estabilidad del estado. Los litigios por pagos incumplidos a proveedores, especialmente en el sector energético, se suman a la lista de problemas que la gobernadora debe afrontar. Estos adeudos, que ascienden a cientos de millones de pesos, no solo afectan la operatividad de las empresas afectadas, sino que también erosionan la credibilidad del gobierno. Ante este panorama, la presión para que la gobernadora solicite licencia o renuncie se intensifica. La posibilidad de una destitución o de consecuencias legales más severas se cierne sobre ella, mientras la ciudadanía exige respuestas y transparencia.

El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha solicitado una explicación formal a Washington sobre la revocación de la visa, pero la respuesta, sea cual sea, difícilmente podrá aplacar la tormenta que se avecina. Analistas políticos y medios independientes coinciden en que este es solo el comienzo de una serie de escándalos que podrían tener repercusiones a nivel federal. La incertidumbre se apodera de Baja California, un estado sumido en una profunda crisis política y financiera, mientras su gobernadora lucha por mantenerse a flote en medio de un mar de acusaciones.

Mientras tanto, en el ámbito nacional, rumores circulan en Pemex sobre el posible regreso de Miguel Ángel Lozada, ex director de Pemex Exploración y Producción, a la dirección general de la paraestatal. A pesar de su implicación en la “Estafa Maestra”, Lozada aparentemente ha mantenido influencia dentro de la petrolera, y su posible nombramiento sería un indicativo del intento de Octavio Romero por retomar el control ante la percibida incompetencia de Víctor Rodríguez Padilla y su equipo.

En paralelo, se trabaja a contrarreloj en la creación de un fideicomiso multimillonario para intentar solucionar el desastre financiero que Romero dejó en Pemex. Maricarmen Bonilla, Roberto Lazzeri y Jorge Mendoza Sánchez son los nombres clave en esta operación, que busca liquidar la enorme deuda con proveedores que asciende a más de 500 mil millones de pesos. La urgencia de la situación se refleja en la fecha límite impuesta: el 30 de septiembre. A este panorama se añade la deuda de 13 mil millones de pesos que Juan Ferrer, ex director del Insabi, dejó a las farmacéuticas mexicanas. La Secretaría de Hacienda, a pesar de las negociaciones, se resiste a liberar los fondos necesarios para liquidar este pasivo, lo que añade otra capa de complejidad al ya complicado escenario financiero del sector salud. Finalmente, la Secretaría de Educación Pública, liderada por Mario Delgado, ha delegado la organización de sus eventos a Losemex Tent, una empresa dedicada al alquiler de vajillas y servicios para fiestas, por un monto cercano a los 300 millones de pesos. Este contrato, que se suma a otros otorgados a la misma empresa por parte de instituciones gubernamentales, levanta sospechas sobre la transparencia en los procesos de contratación del sector público.