La indignación y la angustia se palpan en el aire. El caso de Felipe “N”, acusado de violar al menos a tres menores con autismo en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Matutino de Xalapa, Veracruz, amenaza con convertirse en una dolorosa herida abierta para las familias de las víctimas. La posibilidad de que este presunto depredador sexual salga de prisión en junio próximo, tras cumplirse el plazo de prisión preventiva oficiosa, ha desatado una ola de protestas y reclamos de justicia. El temor, la incertidumbre y la rabia se mezclan en los corazones de quienes exigen que se haga justicia y que Felipe “N” pague por los atroces crímenes que se le imputan.

La señora Miriam, madre de uno de los pequeños afectados, un adolescente de 16 años con autismo y debilidad intelectual, relata con voz entrecortada el horror que su hijo sufrió a manos de quien debía ser su protector y educador. El CAM, ubicado en la colonia Bella Vista, se convirtió en el escenario de una pesadilla que aún persigue a las familias. Miriam denuncia la presunta complicidad de las autoridades, quienes, según sus palabras, han dilatado el proceso judicial y han entorpecido la presentación de pruebas. "¿Cuál es el motivo del apoyo a este señor?", se pregunta con desesperación, mientras la sombra de la impunidad amenaza con cubrir este terrible caso.

La acusación de pederastia agravada contra Felipe “N” es solo la punta del iceberg. Detrás de este delito se esconde una trama aún más oscura y compleja, una red de complicidades que involucra a la exdirectora del CAM, Andrea Lourdes, y a la psicóloga Hilda. El abogado de las víctimas, Marco Rodríguez, ha solicitado el apoyo de la prensa para visibilizar este caso y denunciar los constantes retrasos de la Fiscalía en la investigación, que se inició en 2023. Rodríguez va más allá de la pederastia agravada y habla de violaciones y de una posible asociación delictuosa, sugiriendo la existencia de videos y fotos de los abusos, material que convertiría este caso en una verdadera red de explotación infantil.

Las pruebas periciales realizadas al hijo de Miriam, víctima de los abusos durante el ciclo escolar 2022-2023, confirman el horror. El resultado positivo a abuso sexual es una prueba contundente de la atrocidad cometida contra estos menores indefensos. La lucha de las familias por justicia apenas comienza. Cada día que pasa sin una respuesta contundente por parte de las autoridades es una nueva herida que se abre en el corazón de estas familias. La sociedad no puede permanecer indiferente ante este clamor de justicia. La protección de los niños, especialmente aquellos con discapacidades, debe ser una prioridad. Es imperativo que se investigue a fondo este caso, que se sancione a los responsables y que se implementen medidas para prevenir que este tipo de atrocidades vuelvan a ocurrir. El futuro de nuestros niños depende de ello. No podemos permitir que la impunidad se imponga y que el dolor de estas familias se convierta en una estadística más.