La tragedia de Abril Pérez Sagaón no es un caso aislado, lamentablemente. Es un síntoma, una dolorosa evidencia de las profundas fallas que aún aquejan a nuestro sistema judicial, especialmente en lo que respecta a la perspectiva de género. La decisión de reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a violencia intrafamiliar, argumentando que Abril “estaba dormida” durante la agresión, no solo es absurda desde el punto de vista jurídico, sino que demuestra una preocupante falta de sensibilidad y comprensión de la violencia de género. Imaginen la perversión del argumento: como si la vulnerabilidad de una mujer dormida disminuyera la gravedad de la agresión. Al contrario, la acentúa. Revela una intención premeditada, una cobardía inherente al agresor y una total despreocupación por la vida humana.

Este tipo de resoluciones, emitidas desde la comodidad de un despacho judicial, tienen consecuencias devastadoras en la vida real. No son simples tecnicismos legales; son decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para mujeres en situación de vulnerabilidad. En el caso de Abril, la negligencia judicial le costó la vida. Le arrebató la oportunidad de seguir viviendo, de ver crecer a sus hijos, de reconstruir su vida. Y a sus hijos, les robó la presencia de su madre.

Es imperativo, entonces, que se establezcan sanciones ejemplares para quienes, desde el Poder Judicial, emitan resoluciones que pongan en riesgo la vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No podemos permitir que la justicia se convierta en cómplice de la violencia. La impunidad no solo protege a los agresores, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la violencia contra las mujeres es tolerable, que las vidas de las mujeres no importan.

La justicia debe ser ciega, sí, pero no insensible. Debe ser imparcial, pero no indiferente al sufrimiento de las víctimas. Necesitamos jueces y magistrados con una sólida formación en perspectiva de género, capaces de comprender la complejidad de la violencia contra las mujeres y de emitir resoluciones justas y equitativas. Necesitamos un sistema judicial que proteja a las víctimas, no a los agresores.

El caso de Abril Pérez Sagaón debe ser un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en México. Debemos exigir justicia para Abril y para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Debemos exigir un sistema judicial que esté a la altura de las circunstancias, un sistema que garantice la seguridad y la protección de todas las mujeres. La vida de las mujeres no puede seguir dependiendo de la interpretación sesgada y negligente de la ley. La justicia debe ser un refugio, no una amenaza.

La propuesta de Ariadna Camacho de un Tribunal de Disciplina Judicial firme y transparente, con capacidad real para sancionar a quienes traicionan la responsabilidad de impartir justicia, es un paso en la dirección correcta. Necesitamos un sistema que no solo sancione a los agresores directos, sino también a aquellos que, desde sus posiciones de poder, permiten que la violencia continúe. La impunidad debe terminar. La justicia debe prevalecer.