La tensión se palpa en el aire de Xalapa tras la jornada de protestas de este jueves. Un grupo de jóvenes encapuchados, aproximadamente una veintena según testigos presenciales, sembró el caos en la ciudad en rechazo al homenaje póstumo rendido al exgobernador Fidel Herrera Beltrán el pasado 11 de mayo. Su descontento, expresado a través de actos vandálicos, ha reabierto viejas heridas y ha puesto de manifiesto la polarización que aún persiste en torno a la figura del fallecido político.

Las acciones de los manifestantes se desarrollaron con una violencia creciente a lo largo del día. Su primera parada fue el Instituto Nacional Electoral (INE), donde las pintadas con la frase “Democracia asesina” dejaron una clara muestra de su indignación. No se conformaron con las pintadas, sino que lanzaron piedras contra la fachada del edificio, destrozando los cristales de las ventanas. Un enfrentamiento con la Guardia Nacional, presente para custodiar la documentación electoral, aumentó la tensión del momento, aunque afortunadamente no llegó a mayores.

La furia de los encapuchados se dirigió posteriormente hacia la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Allí, la situación escaló a un nuevo nivel. No solo vandalizaron las instalaciones, sino que incendiaron lonas y una motocicleta. Los trabajadores del partido, presas del pánico, se alejaron de las ventanas ante la lluvia de piedras que se cernía sobre el edificio. El testimonio de una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, describe la escena: "Estuvieron lanzando piedras, rompieron ventanas y quemaron la llanta de una motocicleta, pero no vimos que hubiera personas lesionadas”. La impunidad con la que actuaron los encapuchados, según algunos observadores, es un síntoma preocupante de la falta de control por parte de las autoridades.

La presencia de carteles con las fotografías de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados en la Ciudad de México en 2015, añade una capa más de complejidad al caso. La evocación de estos crímenes, aún sin resolver del todo, conecta directamente las protestas con el clima de violencia que asoló Veracruz durante el mandato de Herrera Beltrán. Los manifestantes parecen señalar directamente al exgobernador como responsable, no solo de la ola de violencia que azotó el estado, sino también de presuntos actos de corrupción que marcaron su administración.

A pesar del despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los encapuchados lograron escapar sin que se reportaran detenciones. Este hecho ha suscitado críticas hacia la actuación policial, acusada de reaccionar con lentitud. Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del PRI en Veracruz, condenó enérgicamente los actos vandálicos y lamentó la falta de control de las autoridades ante la escalada de violencia e inseguridad, especialmente en el marco del proceso electoral local. Ramírez Arana relató con detalle los momentos de pánico vividos en la sede del partido: bombas incendiarias, una motocicleta en llamas, vidrios rotos, una trabajadora agredida físicamente y amenazas que sembraron el terror entre los presentes. La tardanza en la llegada de la policía, según el dirigente priista, permitió la huida de los agresores, dejando un sentimiento de impunidad y desprotección.

Estos acontecimientos han generado un intenso debate público. Mientras algunos defienden el derecho a la protesta, otros condenan la violencia empleada. La figura de Fidel Herrera Beltrán, incluso después de su muerte, sigue siendo un foco de controversia y estos actos vandálicos demuestran que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo en Veracruz. La proximidad de las elecciones locales añade un elemento de incertidumbre a la situación, y se teme que la violencia pueda incrementarse en los próximos días. La sociedad veracruzana se encuentra en un momento crucial, y la necesidad de diálogo y reconciliación se hace más patente que nunca.