La brutalidad del crimen ha sacudido a la comunidad de Centla, Tabasco, dejando una estela de dolor e indignación. El hallazgo del cuerpo de Ana Patricia May, una mujer embarazada de 38 años, colgado de un árbol en un paraje de la ranchería Gregorio Méndez, ha conmocionado a la sociedad. La escena, desgarradora y cruel, presentaba a la víctima con los ojos vendados, amordazada y maniatada, evidenciando la saña con la que se perpetró este atroz acto. Las autoridades, al llegar al lugar, no tuvieron más remedio que abrir una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, un flagelo que continúa lacerando a nuestro país.

La última vez que Ana Patricia fue vista con vida fue la tarde del lunes 12 de mayo, cuando salió a realizar algunos cobros, una actividad cotidiana que se convirtió en una trampa mortal. La preocupación de sus familiares creció al no tener noticias de ella, y la angustia se intensificó al recibirse en su teléfono móvil, que ella no llevaba consigo, una serie de mensajes amenazantes. Este detalle, escalofriante y premonitorio, se convirtió en una pieza clave en la investigación.

El testimonio del padre de Ana Patricia, Isabel May, resultó fundamental para el avance del caso. Sus declaraciones apuntaron directamente a Luis “N”, expareja de la víctima, quien presuntamente estaba detrás de las amenazas. La relación, marcada por episodios de violencia familiar, había terminado, pero el acoso, según la información recabada, continuaba. La detención de Luis “N”, quien portaba un arma blanca al momento de su arresto, abre una nueva fase en la investigación, y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

Este feminicidio, que se suma a la larga lista de violencia contra las mujeres en México, ha generado una ola de indignación y protestas. Organizaciones civiles han alzado la voz para exigir justicia y un alto a la impunidad. El clamor popular exige respuestas contundentes y acciones concretas para prevenir y erradicar este tipo de crímenes. El gobierno municipal de Centla, por su parte, ha expresado su consternación y ha asegurado que los tres niveles de gobierno están trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La tragedia de Ana Patricia no solo nos confronta con la brutalidad de la violencia de género, sino también con la vulnerabilidad de las mujeres en nuestra sociedad. Es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. No podemos permitir que estas historias se repitan. Es necesario fortalecer las redes de apoyo, promover la educación en igualdad y exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la justicia para todas las mujeres. El recuerdo de Ana Patricia debe impulsar un cambio profundo y duradero, un compromiso colectivo para construir una sociedad donde la vida de las mujeres sea valorada y protegida. La justicia para Ana Patricia es justicia para todas.