La sombra del narcotráfico se cierne una vez más sobre México, avivando un debate complejo y espinoso sobre la soberanía, la seguridad y la cooperación internacional. Las recientes declaraciones de Terrance Cole, propuesto para dirigir la DEA, han encendido las alarmas al sugerir un incremento de la intervención estadounidense en territorio mexicano, evocando fantasmas del pasado y planteando interrogantes sobre el futuro de la lucha contra el crimen organizado.

Cole, con su amplia experiencia en la región, pinta un panorama sombrío, afirmando que una gran parte del país se encuentra bajo el control de los cárteles. Sus palabras, cargadas de preocupación, no solo señalan la magnitud del problema, sino que también apuntan a una supuesta colusión entre las fuerzas de seguridad mexicanas y el narcotráfico, una acusación grave que exige una investigación exhaustiva y transparente. Si bien reconoce la voluntad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, de enfrentar el desafío del narcotráfico, especialmente en lo que respecta al fentanilo, sus afirmaciones sobre el control territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación en 24 estados generan inquietud y exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades.

La propuesta de Cole de replicar en México el programa de intercepción de comunicaciones que se implementó en Colombia en los años 80, levanta serias dudas sobre la soberanía nacional y el respeto a las leyes mexicanas. Si bien la cooperación internacional es fundamental en la lucha contra el crimen transnacional, esta debe basarse en el respeto mutuo y la colaboración equitativa, no en la imposición de estrategias que puedan vulnerar la autonomía del país. La falta de un programa de intercepción de comunicaciones judiciales que permita el intercambio de información entre ambos gobiernos no justifica la implementación unilateral de medidas que podrían ser percibidas como una intromisión en asuntos internos.

La presión ejercida por la administración Trump sobre el gobierno mexicano añade otra capa de complejidad a este escenario. La posibilidad de una intervención estadounidense, ya sea concertada o unilateral, como lo sugiere el informe de ACLED, es una amenaza latente que debe ser abordada con cautela y firmeza. Si bien es cierto que México enfrenta un grave problema de seguridad, la solución no radica en la intervención extranjera, sino en el fortalecimiento de las instituciones, la profesionalización de las fuerzas de seguridad y la implementación de estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.

El aumento de los vuelos de vigilancia con drones en territorio mexicano, también señalado por ACLED, es otro indicio de la creciente presencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Si bien la tecnología puede ser una herramienta útil en esta batalla, su uso debe estar regulado y sujeto a las leyes mexicanas, garantizando la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

En este contexto, el gobierno mexicano se encuentra en una encrucijada. Debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de cooperación internacional y la defensa de su soberanía, entre la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos humanos. La respuesta a este desafío no es sencilla, pero requiere de un diálogo franco y abierto, tanto a nivel nacional como internacional, para encontrar soluciones conjuntas que permitan construir un futuro más seguro y pacífico para México. El camino a seguir debe ser la construcción de un México seguro y soberano, capaz de enfrentar sus propios desafíos sin comprometer su independencia ni la integridad de sus instituciones.