El sistema de justicia estadounidense, en su afán por combatir el narcotráfico, ha establecido un juego perverso donde la información, la delación y la traición se convierten en moneda de cambio para salvar la vida y obtener beneficios. Este macabro trueque, donde la verdad se subasta al mejor postor, ha permitido que criminales confesos, desde capos de la droga hasta sicarios despiadados, negocien su libertad a cambio de datos que, muchas veces, sirven para justificar intervenciones políticas y militares en países como el nuestro.

La historia reciente está plagada de ejemplos. Los hermanos Rodríguez Orejuela, arquitectos del Cartel de Cali, evitaron la pena de muerte gracias a su "colaboración" con las autoridades estadounidenses. Andrés López López, alias "Florecita", pasó de traficante a guionista en Miami, un cambio de carrera digno de Hollywood, tras proporcionar información que, convenientemente, apuntaba a la corrupción en Colombia y justificaba la presencia militar norteamericana. Y qué decir de Pablo Escobar, cuyo hijo ha afirmado que trabajaba para la CIA. ¿Hasta dónde llega la madeja de complicidades y traiciones?

Los Zambada, padre e hijo, también se beneficiaron de este sistema. Tras cortas condenas, uno se reinventó como cantante de narcocorridos en Los Ángeles, mientras que el otro disfruta de una nueva identidad en algún rincón de Estados Unidos. Sus testimonios, utilizados para condenar a Genaro García Luna y desprestigiar a Felipe Calderón, demuestran cómo la justicia se manipula para alcanzar objetivos políticos.

Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, pagó una suma millonaria y salió de prisión tras dos décadas. El precio de su libertad: la delación que desató una sangrienta guerra en Tamaulipas. Una guerra que, convenientemente, fortaleció la presencia de la DEA en la región.

Ahora, los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, parecen haber seguido los pasos de sus predecesores. La entrega de 17 familiares al FBI, incluyendo a su madre, se interpreta como una negociación, un intento desesperado por obtener beneficios a cambio de información, quizás sobre el Mayo Zambada, o quién sabe qué otras revelaciones.

La derecha, ávida de cualquier munición contra el gobierno actual, especula sobre la posibilidad de que los Guzmán hayan proporcionado información contra AMLO. Un rumor que, sin pruebas contundentes, se propaga como la pólvora en el campo de batalla político.

El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, añade otra capa de complejidad a este escenario. La cancelación de su visa, junto con la de su esposo, se relaciona con las presuntas actividades ilícitas de su cuñado. Este incidente, rápidamente politizado, ha desatado una oleada de especulaciones y acusaciones, alimentando la narrativa de un "narcogobierno" que Donald Trump y sus seguidores utilizan para justificar una mayor injerencia en los asuntos internos de México.

La idea de que Estados Unidos está realmente interesado en combatir el narcotráfico o en promover la justicia en México es una quimera. Su verdadero objetivo, como lo ha sido históricamente, es mantener su control e influencia sobre nuestro país, explotar nuestros recursos y utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para intervenir en nuestra soberanía. El reclutamiento de figuras del PRI y el PAN al movimiento obradorista es una apuesta arriesgada que, en este contexto, puede ser utilizada por nuestros vecinos del norte para desestabilizar el país y avanzar en sus propios intereses.