La política en Nuevo León se asemeja a un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con precisión estratégica, y el jaque al rey parece inminente. El PRI, cual astuto jugador, ha lanzado una ofensiva contra el gobernador Samuel García, presentando ocho denuncias por delitos electorales. Este movimiento, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en la danza de reacomodo político rumbo al 2027. Los priistas, junto con panistas y una facción disidente de Movimiento Ciudadano, tejen alianzas en la sombra, conscientes de la vulnerabilidad del actual gobernador. El desgaste, las rupturas internas y los pendientes sin resolver han erosionado su imagen, creando una fisura en su armadura política.

Y en este escenario, surge un actor inesperado: Morena. Lo que antes parecía impensable, hoy se susurra en los círculos políticos: la posibilidad de que Nuevo León, bastión tradicional de la oposición, se tiña de guinda en la próxima elección. La relación entre Samuel García y Palacio Nacional ha transitado hacia un pragmatismo que beneficia a ambos. Él busca la gobernabilidad y ellos, la anhelada entrada a un estado clave del norte del país.

La decisión del PRI de llevar las denuncias directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), sorteando las limitaciones del Congreso local, es una declaración de guerra. Un mensaje claro y contundente: no tolerarán un juego político manipulado con el respaldo del poder federal. Estas denuncias no son el punto final, sino el preludio de una batalla campal por el 2027. Y las voces que llegan desde Nuevo León susurran una verdad incómoda: Samuel García ya no tiene el control, lo ha cedido, y la ciudadanía, junto con el sector empresarial, lo sabe.

Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en Valle de Chalco, se libra otra batalla, pero en un campo de juego mucho más brutal. Los comerciantes viven bajo el yugo de la extorsión, las balas y el constante espectro de la muerte. Los mercados, otrora centros vibrantes de comercio, se han convertido en escenarios de terror, dominados por un grupo criminal conocido como "La Empresa". Las balaceras a plena luz del día, las amenazas directas y los mensajes funerarios son el pan de cada día.

Ante este panorama desolador, el silencio del presidente municipal, Alan Velasco, es ensordecedor. No se trata de rumores ni de pugnas políticas. La evidencia es abrumadora: testimonios, videos, coronas fúnebres, heridos… y muertos. La gravedad de la situación ha trascendido las fronteras del municipio, llegando hasta el Congreso mexiquense. La diputada local de Morena, Yesica Yanet Rojas Hernández, ha alzado la voz, implorando al Ayuntamiento que solicite apoyo estatal y federal. Su llamado implícito revela una verdad ineludible: Alan Velasco ha sido rebasado por la situación.

Pero la amenaza no se limita al crimen organizado. Denuncias contra elementos de Tránsito municipal por extorsión se suman al cóctel explosivo. Detenciones injustificadas, desvío de conductores a calles solitarias y cobros indebidos son prácticas comunes. En Valle de Chalco, la seguridad es un lujo que pocos pueden permitirse.

La situación ha encendido las alarmas. Este municipio densamente poblado, históricamente marginado, sufre las consecuencias de una larga cadena de gobernantes que han priorizado el enriquecimiento personal sobre el bienestar de la gente. Un grito de auxilio resuena en las calles, pero Alan Velasco ha optado por la sordera. La ciudadanía, cansada de promesas vacías, exige un cambio. El tiempo se agota y la paciencia se desvanece. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrá ignorar el alcalde el clamor de su pueblo antes de que la olla a presión estalle?

Nos vemos a las 8 por el 8.

PAL.