La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) ha alzado la voz en defensa de los derechos de los operadores de radio y televisión en Costa Rica. Desde San José, donde se reunió su Consejo Directivo, la AIR emitió un enérgico pronunciamiento exhortando al Poder Ejecutivo costarricense a respetar los derechos adquiridos de renovación de las concesiones. Este llamado a la acción se fundamenta en la preocupación por la posible vulneración de la libertad de expresión y la estabilidad democrática en el país centroamericano.

La AIR subraya la importancia de que el gobierno costarricense actúe en estricta conformidad con los principios y normas consagrados en los tratados internacionales, la Constitución del país, la legislación nacional vigente y, crucialmente, los contratos ya establecidos con los operadores. La estabilidad del sector de la radiodifusión, argumenta la organización, depende en gran medida del respeto a estos acuerdos. Un cambio abrupto en las reglas del juego podría generar un efecto dominó con consecuencias imprevisibles para el panorama mediático costarricense.

El pronunciamiento de la AIR no se limita a una simple exhortación. La organización expresa abiertamente su inquietud ante cualquier intento, velado o manifiesto, de limitar el libre ejercicio de la radiodifusión privada en Costa Rica. Esta preocupación se extiende a todos sus miembros, a quienes advierte sobre los potenciales riesgos que estas medidas podrían representar para la libertad de expresión y, por extensión, para la salud democrática del país. La AIR destaca el papel crucial que la radiodifusión privada desempeña en la difusión de información y la formación de la opinión pública, elementos esenciales para una sociedad democrática y participativa.

En el corazón del pronunciamiento se encuentra la defensa del Artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el "Pacto de San José". Este artículo, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos, prohíbe expresamente la restricción del derecho a la expresión por vías indirectas, como el control abusivo de las frecuencias radioeléctricas. La AIR argumenta que cualquier medida que impida la renovación de las concesiones a los actuales operadores, bajo términos justos y equitativos, podría interpretarse como una violación de este principio fundamental.

La AIR insiste en que la prórroga de las concesiones debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos adquiridos de renovación por parte de los operadores que actualmente prestan el servicio. No se trata simplemente de una cuestión administrativa o burocrática, sino de un asunto de profundo calado que afecta directamente al derecho a la información y a la libertad de expresión de todos los costarricenses. La AIR recuerda que la radiodifusión privada en Costa Rica ha sido, y continúa siendo, un pilar fundamental para la libertad de expresión y el derecho a la información, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia en el país.

La AIR hace un llamado a la reflexión y al diálogo constructivo entre el gobierno costarricense y los operadores de radio y televisión. La organización se pone a disposición para facilitar este diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones que garanticen la continuidad de un sector vital para la sociedad costarricense, respetando los derechos de los operadores y, sobre todo, el derecho fundamental a la libertad de expresión. El futuro del panorama mediático en Costa Rica está en juego, y la AIR se mantiene vigilante para asegurar que la voz de la radiodifusión privada no sea silenciada.