La sombra del Chapo se alarga. La reciente llegada a Estados Unidos de un grupo de familiares de Joaquín Guzmán Loera, incluyendo a Griselda López, madre de Ovidio Guzmán, ha desatado una tormenta política y mediática. Las imágenes de su ingreso por el cruce de San Ysidro, en California, entregándose aparentemente a agentes del FBI, han generado una oleada de interrogantes que exigen respuestas. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha alzado la voz, demandando transparencia al gobierno estadounidense. ¿Asilo para la familia de un hombre considerado líder de una organización criminal? La paradoja es evidente y la mandataria no ha dudado en señalarla. La petición de información es clara: ¿bajo qué términos ingresaron al país? ¿Existe un acuerdo previo? ¿Qué implicaciones tiene este aparente asilo en la lucha contra el narcotráfico y la relación bilateral entre México y Estados Unidos?

La cuestión central radica en la contradicción inherente a la política estadounidense. Por un lado, designan a organizaciones como el Cártel de Sinaloa como terroristas, negándose a negociar con ellos. Por otro, parecen ofrecer refugio a familiares de su antiguo líder. Esta incongruencia clama por una explicación, no solo al pueblo mexicano, sino también al estadounidense. ¿Cómo se justifica esta aparente contradicción? ¿Qué criterios se aplican para determinar quiénes califican para recibir asilo y quiénes no? La opacidad en este asunto genera suspicacias y alimenta la desconfianza.

La Presidenta Sheinbaum, en su llamado a la transparencia, ha puesto el dedo en la llaga de una relación bilateral compleja y a menudo tensa. La colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es fundamental, pero debe basarse en el respeto mutuo y la coherencia. No se puede hablar de lucha contra el terrorismo mientras se abren las puertas a quienes, presuntamente, están vinculados a organizaciones designadas como tales.

La reciente acusación por narcoterrorismo y asistencia al terrorismo contra Pedro Inzunza y Pedro Inzunza Coronel por un fiscal federal de California añade otra capa de complejidad a este escenario. Estos cargos, sin precedentes, marcan un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado y plantean interrogantes sobre la estrategia legal que se seguirá en adelante. ¿Se convertirá el narcoterrorismo en la nueva herramienta para perseguir a los cárteles de la droga? ¿Qué implicaciones tendrá esto para la cooperación entre ambos países?

La situación actual exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades estadounidenses. La falta de transparencia solo alimenta la especulación y erosiona la confianza. Es necesario que se aclaren los términos del ingreso de la familia Guzmán Loera a Estados Unidos y se explique la aparente contradicción entre la política antiterrorista y la concesión de asilo. La colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado es esencial, pero debe basarse en la transparencia, el respeto y la coherencia. El futuro de la relación bilateral depende, en gran medida, de la capacidad de ambos países para abordar estas cuestiones de manera franca y constructiva. El caso de la familia Guzmán Loera es un recordatorio de la complejidad de la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de una estrategia conjunta, clara y sin ambigüedades.