La controversia generada por la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa encendiendo el debate político. Lejos de apaciguarse con la eliminación del artículo 109, las críticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrecian, señalando la persistencia de mecanismos que, a su juicio, abren la puerta a la censura y al control gubernamental sobre los medios de comunicación.

El núcleo de la discordia se centra ahora en el artículo 62, fracción 8, el cual otorga a la Agencia de Transformación Digital la facultad de suspender transmisiones. Para el PRI, esta disposición no es más que una reiteración del problema planteado inicialmente por el artículo 109, una suerte de "mismo gato, pero revolcado", en palabras del jefe de la bancada priista, Manuel Añorve Baños. La aparente concesión de eliminar un artículo controvertido se percibe como una maniobra cosmética que no aborda el fondo de la cuestión: la falta de independencia y equilibrio en el control de las telecomunicaciones.

La exigencia de la bancada priista de que José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, comparezca ante el Senado para responder a las interrogantes de legisladores y expertos, subraya la desconfianza que genera la reforma propuesta. La ausencia de Peña Merino en los conversatorios, delegando la participación a sus consejeros, se interpreta como una falta de transparencia y una evasiva a la rendición de cuentas. Este silencio, lejos de aclarar las dudas, alimenta la sospecha de que la reforma busca, en realidad, consolidar el control gubernamental sobre el espectro radioeléctrico.

La senadora Carolina Viggiano ha calificado la iniciativa como una "ley de censura y control de los medios", una acusación grave que pone en el centro del debate la libertad de expresión y el derecho a la información. La legisladora priista lamenta la oportunidad perdida de crear una ley que responda a las necesidades actuales y critica la pretensión de sustituir órganos autónomos por entidades dependientes del gobierno, lo que califica como una muestra de "mediocridad".

La preocupación del PRI también se extiende al impacto de la reforma en el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según Añorve Baños, expertos que han participado en los conversatorios coinciden en que el capítulo de telecomunicaciones del acuerdo comercial se ve afectado por la iniciativa presidencial. Este argumento añade una dimensión internacional a la controversia, planteando la posibilidad de que la reforma genere fricciones comerciales y diplomáticas.

En definitiva, la eliminación del artículo 109 no ha logrado disipar las inquietudes del PRI, que continúa viendo en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión una amenaza a la libertad de expresión y una herramienta para el control gubernamental de los medios. La exigencia de la comparecencia de Peña Merino y el debate sobre la compatibilidad de la reforma con el T-MEC auguran una discusión prolongada y compleja en el Senado. El futuro de las telecomunicaciones en México se encuentra en juego, y la transparencia y el diálogo serán cruciales para alcanzar una solución que garantice la libertad de expresión y el acceso a la información para todos los mexicanos.