El recorrido de la magistrada Fabiana Estrada Tena por Yucatán no es una simple visita protocolaria, sino un acto de profundo compromiso con la transformación del sistema judicial mexicano. Su presencia en Valladolid, dialogando con los habitantes del oriente del estado, demuestra una voluntad genuina de comprender las realidades locales y las dificultades que enfrentan las comunidades para acceder a una justicia efectiva. No se trata de una escucha pasiva, sino de una inmersión en las problemáticas que aquejan a la población, especialmente en lo que respecta a la protección de su entorno y su derecho a participar en las decisiones que impactan sus vidas. Esta cercanía, esta disposición a escuchar y comprender, es fundamental para construir un sistema judicial que responda a las necesidades reales de la gente, y no a intereses abstractos o ajenos a su realidad.

Su participación en la exposición de productos artesanales elaborados por mujeres mayas trasciende el mero simbolismo. Es un reconocimiento explícito de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres indígenas, un sector históricamente marginado y excluido de los procesos de justicia y toma de decisiones. La inclusión que propone Fabiana Estrada no se limita a la retórica, sino que se materializa en la búsqueda de reformas estructurales que garanticen su participación efectiva y plena en todos los ámbitos de la vida pública. Este enfoque interseccional, que reconoce las múltiples dimensiones de la discriminación y la desigualdad, es crucial para construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.

El testimonio de Fabiana Estrada ante la comunidad universitaria de la Marista de Mérida es un llamado a la reflexión y a la acción. Su experiencia de más de dos décadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero como secretaria de estudio y cuenta y luego como coordinadora general de asesores de la Presidencia, le ha permitido ser testigo privilegiada de los aciertos y desaciertos del máximo tribunal del país. Su mención de casos emblemáticos como el de Atenco y la Guardería ABC, donde la Corte no estuvo a la altura de las circunstancias, no es una simple crítica, sino un acto de autocrítica institucional que busca sentar las bases para una profunda transformación del Poder Judicial.

La reforma judicial de 2021, impulsada desde la propia Corte y coordinada por la propia Estrada Tena, es una muestra tangible de su compromiso con la lucha contra la corrupción, el nepotismo y la desigualdad estructural dentro de la judicatura federal. Este proceso de autocrítica y renovación institucional es fundamental para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial y para garantizar el acceso a una justicia imparcial y efectiva para todos. No se trata de una tarea fácil, pero la magistrada Estrada ha demostrado la capacidad y la determinación necesarias para llevarla a cabo.

Su política de cercanía con la sociedad, materializada en visitas a sectores históricamente ignorados, como las mujeres privadas de la libertad en Santa Marta Acatitla, es un ejemplo de la sensibilidad y la empatía que deben caracterizar a quienes imparten justicia. El simple hecho de escuchar, de tomarse en serio a las personas, puede ser una forma de reparación, un reconocimiento de su dignidad y de sus derechos. Esta perspectiva humanista de la justicia es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.

El llamado a ciudadanizar el poder judicial es, quizá, el elemento más innovador y transformador de la propuesta de Fabiana Estrada. Reconocer la voz de las víctimas, su experiencia y su conocimiento, como punto de partida para la construcción de una justicia que repare y pacifique, es un cambio de paradigma fundamental. La justicia no puede ser un ejercicio abstracto, ajeno a las realidades y las necesidades de las personas. Debe ser un proceso participativo, inclusivo y transparente, que empodere a las comunidades y les permita ser protagonistas de su propia historia.

La candidatura de Fabiana Estrada Tena a ministra de la Suprema Corte representa una oportunidad histórica para impulsar una verdadera transformación del sistema judicial mexicano. Su trayectoria, su experiencia y su compromiso con una justicia cercana a la gente, sensible a la diversidad y comprometida con los derechos humanos, la convierten en la candidata ideal para liderar este proceso de cambio.