La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de respaldar al Instituto Nacional Electoral (INE) en su facultad para vetar candidaturas de aspirantes a jueces con antecedentes de violencia marca un hito en la lucha contra la impunidad y a favor de la integridad del sistema judicial. No se trata simplemente de un tecnicismo legal, sino de una afirmación rotunda de que el acceso a cargos de tan alta responsabilidad como la judicatura exige un historial intachable, especialmente en lo que respecta a la violencia de género.

La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, al coincidir con el INE en la aplicación de los lineamientos del "8 de 8", ha dejado claro que el triunfo en las urnas no puede blanquear un pasado manchado por actos de violencia. Este mecanismo, que permite al INE revisar la elegibilidad de los candidatos electos en la elección judicial, actúa como un filtro esencial para garantizar que quienes imparten justicia no sean ellos mismos transgresores de la ley. Imaginen el contrasentido, la profunda contradicción que supondría tener a jueces sentenciados por violencia familiar, violencia sexual o deudores alimentarios morosos dictando sentencias sobre estos mismos temas. La credibilidad del sistema judicial se vería irremediablemente socavada.

El catálogo de delitos contemplados en el "8 de 8" no es arbitrario. Abarca un espectro de violencias que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres. Violencia física, sexual, psicológica, económica… todas ellas formas de agresión que descalifican a quien las comete para ejercer un cargo que exige imparcialidad, ética y un profundo respeto por los derechos humanos. La decisión del TEPJF envía un mensaje claro: la tolerancia cero a la violencia debe ser un principio rector en todos los ámbitos, y el judicial no es la excepción.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera, al destacar la naturaleza sin precedentes de esta elección judicial, pone el dedo en la llaga sobre la importancia de la transparencia y la legalidad en el proceso de selección. No basta con la evaluación de los comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es fundamental que la autoridad electoral tenga la facultad de realizar una verificación exhaustiva de los antecedentes de los candidatos, para evitar que personas inhabilitadas accedan a cargos de tan alta responsabilidad. Cerrar los ojos ante posibles irregularidades sería una grave omisión que pondría en entredicho la integridad del sistema judicial.

La argumentación del magistrado Fuentes Barrera es contundente: si el INE omitiera la verificación de los candidatos, estaría renunciando a su obligación de impedir que personas inhabilitadas asuman cargos públicos. Esta omisión tendría consecuencias devastadoras para la credibilidad de la justicia y para la confianza ciudadana en las instituciones. La decisión del TEPJF no solo fortalece al INE en su función de garante de la legalidad electoral, sino que también sienta un precedente fundamental para la construcción de un sistema judicial más justo, transparente y comprometido con la erradicación de la violencia. Es un paso firme hacia una sociedad donde la justicia sea un valor real y tangible para todos, sin excepciones.