La sombra de la crisis ganadera se cierne sobre México, con pérdidas diarias que alcanzan los 11.4 millones de dólares, una cifra que golpea directamente el bolsillo de los productores y amenaza con profundizar la incertidumbre en el sector. La prohibición impuesta por Estados Unidos a las exportaciones de ganado mexicano, a raíz del resurgimiento del gusano barrenador, es una herida abierta que no parece tener una pronta cicatrización. La promesa inicial de una restricción de 15 días se desvanece ante la falta de garantías, dejando a los ganaderos en un limbo de preocupación e impotencia. Mientras los días transcurren, la cifra de pérdidas se acumula, generando un clima de angustia y desesperación en el campo mexicano.

Este escenario desolador, lejos de ser un infortunio, es la consecuencia directa de una cadena de negligencias y omisiones que han minado la sanidad del ganado nacional. La laxitud en la regulación, la ineptitud gubernamental y la omnipresente corrupción han creado el caldo de cultivo perfecto para el regreso de esta peligrosa plaga. El caso del gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas, marcado por la venta ilegal de aretillos sanitarios para el ganado, es un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción puede socavar los controles sanitarios y poner en riesgo a todo un sector productivo. Miles de cabezas de ganado cruzaron la frontera sur sin el más mínimo control, burlando las normas y poniendo en peligro la salud del hato nacional.

A esta preocupante situación se suma la asfixia presupuestaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el organismo encargado de velar por la salud del campo mexicano. La reducción de recursos, que pasó de 6 mil 882 millones de pesos en 2018 a 5 mil 433 millones para 2025, ha debilitado la capacidad de respuesta de la institución, dejándola sin herramientas para enfrentar una crisis de esta magnitud. Este recorte presupuestal, en un contexto de creciente amenaza sanitaria, es una muestra de la falta de visión y de la desatención del gobierno hacia el sector agropecuario.

La tormenta perfecta se completó con la implementación del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC) en octubre de 2022. Esta medida, impulsada por el entonces presidente López Obrador, abrió las puertas a la importación de productos agropecuarios con controles sanitarios mínimos, desoyendo las advertencias de los ganaderos mexicanos, quienes alertaron sobre los riesgos que implicaba la relajación de las normas. En lugar de escuchar las voces de la experiencia, se les acusó de codicia y de intentar mantener altos los precios de la carne. La soberbia y la falta de diálogo cerraron los oídos a las advertencias, allanando el camino para la crisis actual.

Las señales de alarma no se hicieron esperar. Centroamérica, azotada por el gusano barrenador, encendió las luces rojas. Panamá declaró la emergencia zoosanitaria en julio de 2023, seguida por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y, finalmente, Guatemala. La plaga avanzaba inexorablemente hacia el norte, pero México permaneció impasible, ignorando las lecciones del pasado y las advertencias de sus vecinos. La historia, que ya había golpeado a México en la década de 1970, se repetía con una crudeza implacable. Erradicar la plaga en aquel entonces costó dos décadas de esfuerzos y una inversión millonaria.

Ahora, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, asegura que se están implementando medidas de control, inspeccionando cada cabeza de ganado que transita por el país. Sin embargo, la solicitud a Estados Unidos para la producción de moscas estériles, única herramienta efectiva para combatir la plaga, evidencia la falta de preparación y la dependencia de recursos externos. La crisis exige una respuesta inmediata y contundente. El futuro del sector ganadero mexicano está en juego.