La salida masiva de gigantes energéticos como Acciona, Iberdrola, Sempra, Enel, EDP y Engie del mercado eléctrico mexicano no es una simple coincidencia, sino una respuesta directa a la creciente inseguridad jurídica que se ha apoderado del sector. Si bien la Reforma Energética de 2013 abrió las puertas a la inversión privada, las posteriores modificaciones legales, culminando con la reforma constitucional de octubre de 2024 y sus leyes secundarias de marzo de 2025, han creado un ambiente hostil para las empresas extranjeras.

No se trata de la solidez del marco legal actual, diseñado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, que aunque no es ideal, se considera funcional. El verdadero problema radica en la Reforma Judicial y la falta de independencia de este poder frente al Ejecutivo y Legislativo. Esta incertidumbre jurídica, sumada a los constantes obstáculos interpuestos por figuras como Manuel Bartlett Díaz durante seis años, ha erosionado la confianza de los inversionistas. La gota que derramó el vaso fue la percepción de la pérdida de imparcialidad del Poder Judicial, la única institución que, durante los últimos siete años, había garantizado la protección de las inversiones dentro del marco legal establecido.

Las violaciones al marco regulatorio, las trabas impuestas por la Comisión Reguladora de Energía de Leopoldo Melchi y la Comisión Federal de Electricidad, como la cancelación de permisos, retrasos en la operación y obstrucción de la conexión al sistema, han llevado a los inversionistas a la conclusión de que la única salida viable es la retirada. Ante la inminente desaparición de un Poder Judicial independiente e imparcial, la huida se presenta como la opción más lógica.

Las nuevas inversiones en el sector eléctrico, tan publicitadas en el Plan México, se desvanecen en un espejismo. Los supuestos proyectos “privados” no son más que solicitudes antiguas de empresas que han perdido todo interés en invertir en el país. Incluso los proyectos de participación conjunta, con un 54% de participación gubernamental y un 46% privada, solo serían viables bajo condiciones extraordinariamente favorables para el capital privado, algo poco probable en el contexto actual.

Esta situación se traduce en una tragedia para México. La Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Emilia Calleja, carece de los recursos necesarios para financiar la creciente demanda energética. La falta de inversión en generación, transmisión y distribución, que se calcula en decenas de miles de millones de dólares, tendrá consecuencias devastadoras. Se avecinan apagones, racionamiento energético durante las temporadas de calor e incapacidad para satisfacer la demanda industrial. Un panorama sombrío que pone en jaque el desarrollo económico del país.

En otro orden de ideas, el empresario Olegario Vázquez Aldir, al frente del poderoso Grupo VAZOL, consolida su imperio en sectores estratégicos como salud, industria farmacéutica, banca, medios de comunicación, hotelería e infraestructura. Con marcas como Hospital Angeles Health System, Laboratorios Kener, Grupo Financiero Multiva, Grupo Imagen Multimedios, Hoteles Camino Real y Prodemex, VAZOL no solo demuestra una impresionante capacidad de inversión, sino también una visión a largo plazo comprometida con el desarrollo de México.

Mientras tanto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de México admitió una demanda contra la planta de Coca-Cola Femsa en Toluca, por la explotación comercial del agua. Esta acción legal se suma a la denuncia previa contra Niagara Bottling, envasadora de las marcas Kirkland para Costco y Value para Wal-Mart, cuya operación fue clausurada en el Estado de México. Se confirma así la creciente presión legal sobre las grandes embotelladoras y procesadoras de agua.

En contraste con este panorama de incertidumbre, el Ingenio Puga en Nayarit celebra el cierre de la zafra 2024-2025 con una producción de 40 mil toneladas. El rescate de la planta, liderado por Altor de Fernando Aportela, se presenta como un ejemplo de éxito gracias a la unidad y el compromiso de todas las partes involucradas. Este logro cobra mayor relevancia considerando la quiebra de 13 plantas azucareras en la historia reciente del país.

Finalmente, Guillermo Babatz regresa a la presidencia del Consejo de Administración de Scotiabank México, reemplazando a Georgina Kessel a partir de abril de 2026. Babatz, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, retoma su posición tras la exitosa gestión de Kessel, quien lideró la institución durante 12 años de crecimiento significativo bajo la dirección de Adrián Otero y ahora Pablo Elek. En el ámbito internacional, la propuesta del congresista republicano Jason Smith de gravar las remesas con un impuesto del 5% ha generado la inmediata protesta del Senado mexicano, liderado por Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, reavivando el debate sobre la importancia de estas transferencias para la economía mexicana.