La corrosión del poder local en México es un cáncer que se extiende a una velocidad alarmante. De 2024 a la fecha, la cifra de alcaldes y exediles detenidos o investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado es escalofriante: al menos 25. ¿Qué significa esto? Que el narcotráfico no solo busca controlar territorios, sino que ha lanzado un asalto directo a la médula del sistema democrático, infiltrándose en las estructuras de poder municipales.

El caso de Puebla es paradigmático. Con la detención de Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, ya son cuatro los ediles investigados en ese estado por sus supuestos lazos con el crimen organizado. El hallazgo de armas, droga y municiones en sus propiedades no deja lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. Y no podemos olvidar la “dinastía” de corrupción tejida por los hermanos Uruviel y Giovanni, y su padre Ramiro González Vieyra, quienes gobernaron en Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente. ¿Una simple coincidencia familiar? No, una red tejida con los hilos de la impunidad.

El Estado de México nos ofrece otro panorama desolador. La “Operación Enjambre” destapó la cloaca, revelando la detención de cinco expresidentes municipales en tan solo seis meses. El caso de Fidel Figueroa, exalcalde de Zacualpan, es particularmente estremecedor: condenado a 236 años de prisión por el asesinato de exservidores públicos en un ataque perpetrado en 2019, presuntamente en alianza con la Familia Michoacana. ¿Justicia o venganza? La línea se difumina en un escenario donde la ley parece estar escrita con sangre.

En Jalisco, la detención de José Ascensión Murguía, edil de Teuchitlán, por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su implicación en la operación del Rancho Izaguirre, un campo de entrenamiento criminal, nos muestra la sofisticación y el alcance de estas redes de poder. Mientras tanto, en Michoacán, la sombra del narco se extiende sobre las alcaldías de Coalcomán y Tanhuato, donde los ediles han sido señalados por rendir un ominoso tributo a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. ¿Un gesto simbólico? Quizás. Pero también una muestra de la sumisión del poder político ante el poder del crimen.

Morelos se ha convertido en el escenario de una telenovela negra, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco arrastrando investigaciones por tentativa de violación y al menos ocho alcaldes bajo la lupa de la FGR. Las imágenes de algunos de ellos conviviendo con miembros del Cártel de Sinaloa no son simples anécdotas, sino evidencias de una connivencia que corroe las instituciones.

La historia se repite en Guerrero, donde la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, se reunió con el líder de Los Ardillos. Aunque fue expulsada de Morena, su intención de competir por la gubernatura en 2027 nos muestra la impunidad con la que se mueven estas figuras. Zacatecas y Chiapas completan el macabro panorama, con una letanía de alcaldes detenidos, desaforados, prófugos, acusados de homicidio, asociación delictuosa… un catálogo de horrores que parece no tener fin.

Lo más grave de esta epidemia es la normalización. Nos hemos acostumbrado a que el narco tenga voz y voto en las elecciones, financiando campañas, decidiendo candidatos y, en última instancia, impartiendo su propia justicia. No hablamos de corrupción, sino de la cooptación total del poder político local.

Cada alcalde detenido es una traición a la ciudadanía, pero también un síntoma de un mal más profundo: la metástasis del narco en el tejido social. En muchas regiones de México, los verdaderos gobernantes no se eligen en las urnas, sino en las sombras, bajo la ley del plomo. Y mientras tanto, el rumor corre… se susurra en los pasillos del poder, en las calles, en los cafés… Se habla de cuentas bancarias en Estados Unidos, de movimientos sospechosos de efectivo, de nombres que se mencionan en voz baja… como el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres. Son solo rumores, por ahora. Pero en un país donde la realidad supera a la ficción, ¿quién se atreve a descartar nada?

Como diría aquel filósofo anónimo: “En algunas regiones, votar ya no es democracia: es elegir al gerente local del narco”. Una frase lapidaria que resume la tragedia de un país secuestrado por la violencia y la impunidad.