Nos encontramos en un momento crucial para la transparencia y la protección de datos en México. La desaparición del INAI y la reestructuración del Poder Judicial plantean interrogantes fundamentales sobre el futuro de estos derechos. Si bien las reformas se presentan bajo la bandera de una mayor accesibilidad a la justicia y a la información, la realidad es que la transición ha generado una preocupante parálisis. Los ciudadanos se encuentran en un limbo, sin una institución clara a la que recurrir para defender su derecho a la información o para denunciar el mal uso de sus datos personales.

Es innegable que la centralización de estas facultades en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de Transparencia para el Pueblo, genera incertidumbre. ¿Contará este nuevo organismo con la independencia y los recursos necesarios para desempeñar una función tan crucial? La experiencia del INAI demostró la complejidad de estas tareas, que requieren de personal especializado, procedimientos robustos y, sobre todo, autonomía del poder político.

La promesa de juzgados especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales dentro del Poder Judicial Federal, si bien suena alentadora, presenta sus propios desafíos. El plazo de 120 días establecido en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública parece, a la luz de la actual coyuntura, un objetivo ambicioso. La inminente desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la implementación de estos juzgados, añade otra capa de complejidad a la ecuación. ¿Cómo se garantizará la continuidad de este proceso en medio de una transformación institucional de tal magnitud?

La judicialización de estos temas, aunque necesaria, no es una panacea. El Poder Judicial, ya de por sí con una carga de trabajo considerable, deberá asumir la responsabilidad de resolver disputas en un campo altamente especializado. Esto requerirá no solo de la creación de nuevos juzgados, sino también de la capacitación de jueces y magistrados en materia de protección de datos y acceso a la información. Además, existe el riesgo de que el proceso judicial, por su propia naturaleza, sea más lento y costoso que los mecanismos administrativos previamente existentes, limitando el acceso a la justicia para muchos ciudadanos.

La situación actual, con los asuntos relacionados con la protección de datos y el acceso a la información en suspenso, representa una "pausa en la transparencia" que no podemos permitirnos. Es fundamental que el nuevo Poder Judicial Federal asuma este reto con la seriedad y el compromiso que merece. La protección de estos derechos fundamentales es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y para la rendición de cuentas del poder público. El futuro de la transparencia en México depende de la capacidad del Estado para construir un sistema eficaz y accesible que garantice el acceso a la información y la protección de los datos personales de todos los ciudadanos. El tiempo apremia y la ciudadanía espera respuestas. No podemos permitir que la promesa de una mayor transparencia se diluya en la incertidumbre y la inacción.