La aparente indulgencia del sistema judicial francés con figuras públicas como Marine Le Pen y Gérard Depardieu, bajo la figura de la sentencia suspendida, genera una profunda inquietud sobre la verdadera función de la justicia. ¿Se busca realmente la reparación del daño, la protección de las víctimas y la prevención de futuros delitos, o se trata de un mero espectáculo mediático, una concesión a la vorágine de las redes sociales? En el caso de Depardieu, la sentencia —18 meses de prisión que no cumplirá y la inclusión en el registro de agresores sexuales— resulta paradójica e ineficaz. Si es culpable, la pena no lo aparta de la sociedad ni lo rehabilita, dejando a potenciales víctimas a su merced. Si es inocente, la condena lo estigmatiza irreversiblemente, arruinando su reputación y afectando su vida personal y profesional. Esta justicia de escaparate, que prioriza el impacto mediático sobre la justicia real, no protege a la sociedad, solo alimenta el morbo público.

En este contexto, resulta aún más preocupante la tendencia a criminalizar la expresión artística, como se evidencia en el caso de Los Alegres del Barranco en México. Su procesamiento por "apología del delito", por la canción "El dueño del palenque", sienta un peligroso precedente. Si bien es legítimo investigar posibles vínculos delictivos en la industria musical, censurar el contenido artístico en sí mismo representa una grave amenaza a la libertad de expresión. ¿Dónde está el límite? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar qué es "apología" y qué no? Este tipo de decisiones judiciales abren la puerta a la arbitrariedad y a la persecución de artistas por el simple hecho de expresar ideas incómodas o representar realidades complejas.

La justicia no debe ser un instrumento de censura, sino un garante de derechos. Investigar las conexiones con el crimen organizado es una tarea necesaria, pero juzgar una canción, una película o una obra de teatro por su contenido, por más controvertido que sea, es un acto de censura inaceptable en una sociedad democrática. El arte, por su propia naturaleza, explora los límites de la moral y la legalidad, refleja las luces y sombras de la sociedad, y a menudo nos confronta con realidades incómodas. Intentar silenciar estas voces, bajo el pretexto de la "apología del delito", no solo empobrece el debate público, sino que también socava los cimientos mismos de la libertad de expresión.

La diferencia entre investigar la actividad delictiva de un artista y juzgar su expresión artística es fundamental. Mientras lo primero es un deber de las autoridades en la lucha contra el crimen, lo segundo representa una peligrosa deriva hacia la censura y la limitación de la libertad creativa. La justicia debe actuar con prudencia y mesura, diferenciando claramente entre la realidad y la ficción, entre la acción y la representación. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el arte en un delito y la justicia en una herramienta de represión.

La situación de Los Alegres del Barranco nos obliga a reflexionar sobre el papel del arte en una sociedad democrática. ¿Debe el arte ser políticamente correcto? ¿Debe evitar temas controvertidos? La respuesta es un rotundo no. El arte tiene la libertad, y la responsabilidad, de explorar todos los aspectos de la condición humana, incluso los más oscuros y complejos. Pretender que el arte se ajuste a una determinada moral o ideología es un acto de censura que empobrece la cultura y limita la libertad de expresión.

Es fundamental que la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad artística se pronuncien en contra de este tipo de decisiones judiciales que atentan contra la libertad de expresión. Debemos defender el derecho de los artistas a crear sin miedo a la censura, a expresar sus ideas y a representar la realidad, por más incómoda que sea. Solo así podremos garantizar una sociedad libre y democrática, donde el arte pueda cumplir su función crítica y transformadora.