La demolición del Poder Judicial, orquestada bajo el disfraz de una reforma, representa una de las más graves amenazas a la democracia mexicana en la historia reciente. Lejos de perfeccionar el sistema, esta maniobra, impulsada por el rencor y la sed de control, ha dinamitado los cimientos del Estado de Derecho, sometiendo la justicia a los caprichos del poder político. La retórica populista, que invoca la voluntad del pueblo mientras la manipula, ha servido como máscara para una estrategia autoritaria que destruye la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier república democrática.

La Suprema Corte, garante de la constitucionalidad, se convirtió en el blanco de la ira presidencial tras oponerse a iniciativas que transgredían el marco legal. Este desencuentro, latente durante todo el sexenio, culminó en una reforma constitucional que, con artimañas legales y renuncias suspendidas en el aire, desmanteló la estructura del Poder Judicial. La promesa de una justicia popular, elegida directamente por la ciudadanía, se tradujo en la politización de los tribunales, entregando el destino de jueces y magistrados a las listas de un partido político y sus aliados.

En un país plagado por la influencia del crimen organizado y el clientelismo político, esta reforma equivale a una sentencia de muerte para la justicia. La designación de los juzgadores se transforma en un botín político, susceptible a la corrupción y la manipulación. El resultado es un sistema judicial sometido a los intereses más oscuros, incapaz de garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos fundamentales.

Si bien es cierto que el sistema judicial mexicano adolecía de graves deficiencias, como la corrupción, la impunidad y la lentitud, la solución no reside en su demolición, sino en su reforma integral. El populismo, hábil en el diagnóstico, fracasa estrepitosamente en la prescripción. Derribar un hospital enfermo a mazazos no es un acto de sanación, sino de barbarie. En lugar de fortalecer las instituciones, se optó por destruirlas, sacrificando la justicia en el altar del poder.

Las consecuencias de esta reforma son devastadoras. La inseguridad jurídica ahuyentará las inversiones, la confianza en las instituciones se evaporará y el tejido social, ya de por sí frágil, se desgarrará aún más. La independencia judicial, último bastión del ciudadano frente a los abusos del poder, ha sido derribada, dejando a la sociedad a merced de la arbitrariedad, el miedo y la injusticia. Se ha pretendido curar un resfriado con una medicina que produce cáncer.

La historia juzgará con severidad este episodio. La mal llamada reforma judicial quedará grabada como el epitafio de un régimen que, incapaz de construir, optó por destruir. La reconstrucción del Poder Judicial, sobre los escombros de esta tragedia, será una tarea ardua y prolongada. La promesa de una justicia independiente, digna de una democracia que respete la ley y los derechos humanos, se ha desvanecido, dejando tras de sí un vacío de incertidumbre y desolación. El ridículo de los candidatos a jueces en redes sociales, convertidos en payasos por la dinámica impuesta, es un triste reflejo de la farsa en la que se ha convertido la justicia en México. Y lo peor es que, con la designación del mes que viene, este circo apenas comienza.