La lucha contra el crimen organizado en México continúa dando frutos, con resultados contundentes que demuestran el compromiso de las autoridades en la búsqueda de la paz y la seguridad. Desde el pasado 5 de febrero, una ofensiva sin precedentes ha logrado desmantelar importantes células delictivas, impactando significativamente sus operaciones y capacidad de generar violencia. Las cifras hablan por sí solas: 3,252 personas detenidas, un número que refleja la magnitud del esfuerzo desplegado en todo el territorio nacional. Estas detenciones no son simples capturas, representan la neutralización de individuos que ponían en riesgo la tranquilidad de las familias mexicanas.

Detrás de cada una de estas detenciones hay un trabajo de inteligencia minucioso, una labor que implica largas jornadas de investigación y un compromiso inquebrantable por parte de las fuerzas del orden. Imaginen la complejidad de rastrear y desarticular redes criminales, identificar a sus miembros, recopilar pruebas y finalmente llevar a cabo las detenciones de manera segura y eficaz.

El aseguramiento de 2,745 armas de fuego es otra muestra del impacto de esta operación. Cada una de estas armas, potencialmente letales, ha sido retirada de las calles, impidiendo que sean utilizadas para sembrar el terror y la violencia. Es importante destacar el aseguramiento de 441,432 cartuchos, una cantidad abrumadora que nos da una idea de la capacidad de fuego que poseían estas organizaciones criminales.

La incautación de 31,674.63 kg de droga, incluyendo 177.77 kg de fentanilo, representa un duro golpe a las finanzas del crimen organizado. Este decomiso no sólo evita que estas sustancias lleguen a las manos de nuestros jóvenes, sino que también corta una importante fuente de financiamiento para las actividades delictivas. El fentanilo, una droga altamente peligrosa y adictiva, es un flagelo que destruye vidas y familias, y su decomiso es una victoria para la salud pública.

Los aseguramientos también incluyen 2,545 vehículos, muchos de ellos utilizados para el transporte de drogas y armas, y 419 inmuebles, que servían como centros de operación y almacenamiento para las organizaciones criminales. Estos bienes, producto de actividades ilícitas, ahora serán puestos a disposición de las autoridades para su debido proceso.

En Culiacán, el aseguramiento de siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, nos habla de la sofisticación de estas organizaciones y de la necesidad de contar con fuerzas de seguridad equipadas y capacitadas para enfrentarlas. En Cosalá, la inhabilitación de dos laboratorios clandestinos de metanfetamina, con un aseguramiento de 1,930 litros de sustancias químicas, representa una afectación económica de 41 millones de pesos para las organizaciones delictivas, debilitando su capacidad operativa y financiera.

La detención de tres personas en posesión de un millón de pesos en efectivo, evidencia el flujo de dinero ilícito que mueve el crimen organizado y la importancia de cortar estas rutas financieras. En Cajeme, la detención de dos personas con un arsenal que incluía nueve armas largas, seis armas cortas, droga, cartuchos, cargadores, equipo táctico y equipo de vigilancia, demuestra la peligrosidad de estos grupos y la eficacia de las acciones llevadas a cabo por las autoridades.

Es fundamental destacar que todas estas acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado no puede ser a costa de la justicia y la legalidad. El compromiso de las autoridades es claro: combatir la delincuencia con firmeza, pero siempre dentro del marco de la ley. La seguridad y la justicia son dos caras de la misma moneda, y ambas son esenciales para construir un México en paz.