La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) marca un hito en la protección de los derechos de menores y mujeres víctimas de violencia. Atrás queda la época de la interpretación jurídica subjetiva y la falta de directrices claras en materia de perspectiva de género e interés superior del niño. La jueza Blanca Ivonne Ávalos Gómez, del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo tiene claro: este nuevo código no solo enuncia principios, sino que proporciona las herramientas para aplicarlos de manera efectiva en los juicios.

Imaginemos el escenario anterior: un Código Civil de 1932, prácticamente una reliquia jurídica en un mundo que clama por la justicia social. En aquel entonces, conceptos como "perspectiva de género" o "derechos humanos" eran prácticamente desconocidos en el ámbito legal. Los jueces, con las mejores intenciones, se encontraban con las manos atadas, obligados a aplicar una legislación obsoleta que no contemplaba las realidades de un mundo en constante evolución. La lucha por la justicia se convertía en un laberinto burocrático, donde la interpretación personal de cada juez era la única brújula.

El CNPCyF llega como un faro de luz en medio de la oscuridad. No se limita a enunciar principios abstractos, sino que proporciona un marco de acción concreto. Ahora, los jueces cuentan con las herramientas necesarias para garantizar la protección de los más vulnerables. La perspectiva de género, antes una lucha constante de jueces vanguardistas, se convierte en una obligación legal, un pilar fundamental en la resolución de controversias familiares.

La inclusión de pautas específicas sobre cómo actuar en casos de violencia contra la mujer es otro de los grandes avances del CNPCyF. Las órdenes de protección, antes sujetas a la interpretación y a la combinación con otras leyes, ahora están claramente definidas, brindando una respuesta rápida y eficaz a las víctimas. Ya no hay lugar para la ambigüedad, la justicia se vuelve tangible, accesible, un escudo protector para quienes más lo necesitan.

Este nuevo código no es solo un conjunto de leyes, es una declaración de principios, un compromiso con la justicia social. Es la voz de aquellos que durante años han luchado por la igualdad y la protección de los derechos fundamentales. Es la promesa de un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Es un paso firme hacia una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Y es, sin duda, una victoria para todos aquellos que creen en un mundo mejor.

El reto ahora radica en la correcta implementación del CNPCyF. La capacitación de los jueces y demás operadores jurídicos es fundamental para asegurar que estos nuevos principios se traduzcan en acciones concretas. Es un camino que apenas comienza, pero que promete un futuro de mayor justicia y protección para las familias mexicanas. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y el Poder Judicial deben trabajar en conjunto para garantizar que este nuevo código no quede en letra muerta, sino que se convierta en una herramienta real para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El futuro de la justicia familiar está en nuestras manos.