La cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha desatado una ola de especulaciones y preocupación que se extiende mucho más allá de las fronteras bajacalifornianas. Si bien las autoridades intentan minimizar el hecho atribuyéndolo a “trámites administrativos”, la coincidente cancelación de cuentas bancarias de la gobernadora en instituciones financieras estadounidenses levanta serias sospechas. No hablamos de un ciudadano común, sino de una figura política de alto nivel, lo que otorga al evento una gravedad innegable. La falta de transparencia y la escasa información oficial alimentan la incertidumbre y abren la puerta a interrogantes cruciales. ¿Se trata de una simple coincidencia o existe una investigación subyacente? ¿Qué implicaciones tiene este hecho para la relación bilateral entre México y Estados Unidos?

Este acontecimiento se suma a una creciente lista de casos que evidencian una postura cada vez más firme por parte de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, incluso cuando esto implica apuntar a figuras de poder en México. Recordemos los casos de Genaro García Luna o Ismael "El Mayo" Zambada, que demuestran la disposición de las autoridades estadounidenses a actuar con independencia, incluso sin la cooperación del gobierno mexicano. Esta aparente autonomía genera inquietud en el panorama político mexicano. ¿Cuántos otros funcionarios se encuentran bajo la lupa de las autoridades estadounidenses? ¿Hasta dónde llegará esta ola de investigaciones y qué consecuencias tendrá para la estabilidad política del país?

La preocupación se extiende como una sombra sobre la clase política mexicana. Aquellos que tenían planeado cruzar la frontera norte para vacacionar o realizar negocios ahora se enfrentan a una incertidumbre agobiante. La falta de cooperación entre ambos gobiernos en estas investigaciones, caracterizadas por su carácter sorpresivo, incrementa la sensación de vulnerabilidad. La pregunta inevitable es: ¿cuántos miembros de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida, irónicamente, por la propia Marina del Pilar, deberían estar preocupados? ¿Cuántos presidentes municipales, como Gerardo Vargas de Ahome, Sinaloa, que ha pedido licencia recientemente, están siendo investigados en Estados Unidos?

La comparación entre las investigaciones realizadas en Estados Unidos y las que se llevan a cabo en México resulta esclarecedora. ¿Está Estados Unidos haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno mexicano? ¿Existe realmente cooperación entre ambos países o se trata de agendas paralelas? La falta de transparencia y la discrepancia en las acciones de ambos gobiernos alimentan la sospecha de que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se está convirtiendo en un asunto de jurisdicciones separadas, con implicaciones potencialmente devastadoras para la relación bilateral.

En definitiva, el caso de Marina del Pilar Ávila trasciende el ámbito personal y se convierte en un síntoma de un problema mucho mayor: la fragilidad del estado de derecho y la persistencia de la corrupción en México. La intervención de Estados Unidos, si bien puede ser vista como una intromisión en asuntos internos, también pone de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno mexicano para abordar estos problemas de raíz. El futuro de la relación bilateral y la estabilidad política de México dependen, en gran medida, de la respuesta que se dé a estas interrogantes cruciales.