La violencia en nuestras escuelas se ha convertido en una sombra ominosa que amenaza el futuro de nuestros hijos y el presente de nuestros educadores. Las cifras son alarmantes, casi escalofriantes: 7 de cada 10 niños y adolescentes, víctimas de la crueldad del acoso escolar, ya sea en los pasillos o en el implacable mundo virtual del ciberacoso. Imaginen, por un instante, a sus propios hijos, nietos, sobrinos, enfrentándose a diario a la humillación, al miedo, a la soledad que impone la violencia. Un regreso a clases que debería estar lleno de ilusión y esperanza, se transforma en un escenario de angustia, donde el aprendizaje queda relegado a un segundo plano, eclipsado por la necesidad de sobrevivir al día a día.

El impacto de la pandemia y el regreso a la presencialidad no pueden ser ignorados. Pareciera que el confinamiento, lejos de aplacar los ánimos, exacerbó las tensiones, dando lugar a un incremento del 90% en los casos de acoso. ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad que estamos construyendo? ¿Qué tipo de futuro les estamos legando a las nuevas generaciones si no somos capaces de garantizarles un entorno seguro para aprender y crecer?

Y no olvidemos a nuestros docentes. Aquellos que dedican su vida a formar a las mentes del mañana, se ven sometidos a agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de padres de familia e incluso del personal administrativo. Una situación intolerable que empuja a muchos a abandonar la noble profesión de la enseñanza, dejando un vacío irreparable en nuestro sistema educativo. Las maestras, en particular, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, enfrentando una incidencia aún mayor de agresiones. ¿Cómo podemos esperar que nuestros educadores inspiren y motiven a sus alumnos si ellos mismos son víctimas de la violencia?

La iniciativa de la diputada Claudia Pérez Romero es un rayo de esperanza en medio de esta tormenta. Una propuesta que busca ir más allá de los discursos y las buenas intenciones, planteando modificaciones concretas al Código Penal, a la Ley de Justicia para Adolescentes y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de un paso fundamental para dotar a nuestras escuelas de las herramientas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, creando un ambiente de respeto y seguridad para todos.

Sin embargo, la ley por sí sola no basta. Necesitamos un compromiso real de toda la sociedad. Padres de familia, estudiantes, docentes, autoridades, todos debemos asumir nuestra responsabilidad en la construcción de una cultura de paz en las escuelas. Es necesario invertir en programas de prevención, capacitar al personal docente en la detección y manejo de situaciones de violencia, y sobre todo, fomentar el diálogo y la empatía entre los miembros de la comunidad educativa. No podemos seguir mirando hacia otro lado. La violencia en las escuelas es un problema que nos afecta a todos, y solo trabajando juntos podremos erradicarla. El futuro de nuestros hijos y la calidad de nuestra educación dependen de ello. Apoyemos esta iniciativa, hagamos oír nuestra voz y exijamos un cambio. Nuestros niños y nuestros maestros merecen un entorno seguro donde puedan aprender y enseñar sin miedo.