La sombra del autoritarismo se cierne sobre México, y negarlo es como tapar el sol con un dedo. Existe un debate candente, una discusión crucial sobre el rumbo que está tomando nuestra nación, pero el oficialismo, con una habilidad casi olímpica, se ha dedicado a esquivarlo, a desviarlo hacia las arenas movedizas del pasado. Ante la crítica certera del expresidente Zedillo, la respuesta ha sido un aluvión de referencias al Fobaproa, a Acteal, a la reforma judicial del 94, como si evocar los fantasmas del ayer pudiera exorcizar los demonios del presente. Esta táctica, la de refugiarse en la historia para no confrontar el presente, es una maniobra dilatoria, un intento de silenciar la conversación crucial sobre la deriva autoritaria que estamos presenciando.

Es cierto que el mensaje de Zedillo no aporta grandes novedades, que llega con el peso de la historia a cuestas, pero su diagnóstico es certero: la coalición gobernante está desmantelando la institucionalidad democrática, y la reforma judicial es la pieza clave de este desmantelamiento, el ariete que pretende derribar el control jurisdiccional del poder. Este no es el lamento apocalíptico de unos cuantos agoreros, sino una conclusión fundamentada en evidencia empírica, en análisis rigurosos de la lógica institucional y en comparaciones con otros procesos políticos. El libro electrónico coordinado por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, "La tormenta judicial", ofrece un análisis profundo y documentado de esta preocupante realidad. Acusar de hiperbólicos o irresponsables a quienes señalan esta deriva autoritaria es una falacia, una cortina de humo que busca ocultar la propia irresponsabilidad de quienes prometieron acabar con la corrupción y ahorrar 500 mil millones de pesos, una promesa que se ha desvanecido en el aire como un espejismo.

Zedillo, y esto debería ser obvio, tiene todo el derecho a participar en el debate público. Lo hace, además, con la legitimidad que le otorga haber sido el presidente de la transición, el artífice del paso hacia la democracia que tanto celebraron quienes hoy lo denostan. Descalificarlo por los "claroscuros" de su gestión o tachar sus observaciones de "estrategia equivocada de la oposición" es, una vez más, una maniobra de distracción, un intento desesperado por eludir la discusión de fondo: la autocratización del sistema político mexicano.

La amenaza de "investigar" al expresidente por sus comentarios, la puesta en duda de su legitimidad para opinar, son síntomas alarmantes de un gobierno que no tolera el disenso, que utiliza el poder para intimidar a las voces críticas. Y no importa que los acólitos de la "4T" aplaudan estas maniobras, ya sea por convicción, por oportunismo o por servilismo. El resultado es el mismo: la incapacidad de rebatir los argumentos de fondo, la búsqueda desesperada de subterfugios para silenciar el debate. El autoritarismo avanza a pasos agigantados, y la respuesta no puede ser el silencio cómplice o la descalificación ad hominem. La defensa de la democracia exige un debate abierto, honesto y plural, sin amenazas ni intimidaciones. El futuro de México está en juego.