El panorama que se dibuja con las recientes iniciativas de ley es, cuanto menos, preocupante. No se trata simplemente de medidas aisladas, sino de una estrategia integral que, bajo el pretexto de la seguridad, teje una red de vigilancia sin precedentes sobre la ciudadanía. Analicemos con detenimiento las implicaciones de estas reformas, más allá de la retórica oficial.

La propuesta de "suspender temporalmente" plataformas digitales abre la puerta a la censura arbitraria. ¿Quién define qué es "temporal"? ¿Qué criterios se utilizarán para determinar qué plataformas deben ser silenciadas? La experiencia nos ha demostrado que este tipo de medidas, una vez implementadas, tienden a perpetuarse y a expandirse. El impacto sobre la libertad de expresión y el acceso a la información es innegable. Además, la reducción de estaciones de radio independientes, comunitarias e indígenas, socava la pluralidad de voces y limita la participación ciudadana en el debate público. Concentrar más de 60 facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) genera un desequilibrio de poder peligroso y susceptible a abusos.

El Registro Nacional de Usuarios del Servicio Móvil, bajo la justificación de combatir la delincuencia, representa una intromisión inaceptable en la privacidad. Registrar el nombre del propietario de cada línea telefónica y monitorear su ubicación y comunicaciones es una violación flagrante a los derechos fundamentales. Este tipo de control no solo es ineficaz para combatir el crimen, sino que crea un ambiente de desconfianza y vulnera la presunción de inocencia.

La creación de una mega base de datos con información pública de la ciudadanía, que incluye datos del SAT, IMSS, ISSSTE, Registros Vehiculares, Registros Públicos de la Propiedad, entre otros, es un paso más hacia la construcción de un Estado Orwelliano. Concentrar toda esta información a disposición del Secretario de Seguridad Pública representa un riesgo enorme para la protección de datos personales y abre la puerta a posibles usos indebidos con fines políticos o incluso de extorsión.

La CURP digital, presentada como una herramienta de validación de identidad, se suma a este entramado de control. Su implementación a cargo de la ATDT, la misma agencia con amplias facultades sobre las telecomunicaciones, genera serias dudas sobre el verdadero propósito de esta iniciativa. La posibilidad de sustituir la credencial del INE con la CURP digital es una amenaza latente a la autonomía del Instituto Nacional Electoral y a la integridad del proceso electoral.

No podemos ignorar el contexto de vulnerabilidad en el que se implementan estas medidas. Los millones de intentos de hackeo a dependencias gubernamentales demuestran la fragilidad de los sistemas de seguridad informática del Estado. En lugar de fortalecer la ciberseguridad, se opta por incrementar la vigilancia sobre la ciudadanía, lo cual no solo es ineficaz, sino que nos expone aún más a la delincuencia y al mal uso de nuestra información.

La narrativa oficial que justifica estas leyes como necesarias para combatir la delincuencia es un discurso falaz. El spot del gobierno de Trump, utilizado como pretexto para la "Ley Censura del Bienestar", es un ejemplo claro de la manipulación y la instrumentalización del miedo para justificar medidas autoritarias. La seguridad pública no puede construirse a costa de la libertad y la privacidad. Es necesario un debate público amplio e informado sobre las implicaciones de estas reformas y exigir el respeto a nuestros derechos fundamentales.