13 de mayo de 2025 a las 10:15
¿Crisis en la justicia?
El ambiente político se electrifica a medida que nos acercamos a las elecciones del 1 de junio. La atención se centra en los 14 nombres que podrían definir el futuro de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Jesús Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar, emerge como figura clave en la estrategia para impulsar a los candidatos con el respaldo presidencial. La lista preliminar, atribuida a Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, incluye nombres como Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías y Estela Ríos para la Suprema Corte. En el lado masculino, se mencionan a Hugo Aguilar, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa y Eduardo Santillán. Sin embargo, la incógnita reside en si estos nombres lograrán sortear los intereses de las distintas facciones dentro de Morena, lideradas por figuras como Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, quienes también tienen sus propios candidatos. La influencia de figuras como Martí Batres, Jesús Ramírez, Adán Augusto López y Ricardo Monreal añade otra capa de complejidad al proceso. ¿Podrá Jesús Valencia, con su experiencia en la operación territorial, navegar estas aguas turbulentas y lograr el consenso necesario? Muchos nombres con amplia trayectoria y respaldo dentro del partido se quedan en el camino, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso. Figuras como Fabiana Estrada, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Zulema Mosri, Darlene Rojas, Lutgarda Madrigal, Dora Alicia Martínez, Marisela Morales, Rosa Elena González, Sergio Molina, Ricardo Garduño Pasten, Mauricio Flores Castro, Ricardo Sodi, Carlos Enrique Odriozola, Edgar Corzo, Ulises Carlín y César Enrique Olmedo, entre otros, representan el capital humano que podría quedar excluido. Imponer candidatos desde las altas esferas y coaccionar el voto libre es un riesgo que podría socavar la legitimidad de las elecciones.
En otro frente, la tensión internacional se agudiza con el retiro de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres. El Departamento de Estado, bajo la influencia de Marco Rubio, señala presuntos vínculos de Torres con el huachicol fiscal, específicamente a través de la operación de su hermano, Luis Torres, en las aduanas de Tecate y Mexicali, con la supuesta complicidad de Ernesto Vadillo Trueba. La situación, que ya ha llegado a la mesa de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, podría ser el primer gran desafío para Rafael Marín Mollinedo, recién nombrado director de la Agencia Nacional de Aduanas.
Mientras tanto, en el ámbito financiero, Lucía Buenrostro y Roberto Lazzeri, se perfilan como posibles candidatos para ascender en la burocracia hacendaria. Buenrostro, vicepresidenta de la CNBV, compite con Aurora Cervantes y Edgar Bonilla para suceder a Jesús de la Fuente. Lazzeri, por su parte, suena para una subsecretaría, enfrentándose a Maricarmen Bonilla, Rodrigo Mariscal y Jorge Mendoza Sánchez.
En el sector inmobiliario, Fibra Monterrey, liderada por Jorge Ávalos, continúa su estrategia de desinversión en activos no estratégicos. Con la ayuda de CBRE, buscan vender el complejo La Perla en Zapopan, Jalisco, antigua sede de Kodak. La propiedad, adquirida de Fibra Shop en 2021, podría alcanzar un precio de 100 millones de dólares.
El turismo también está en el ojo del huracán con la próxima reunión entre la Asociación de Cruceros y el Caribe (FCCA) y el gobierno mexicano. Josefina Rodríguez y Edgar Amador, representando a la 4T, negociarán con Michele Paige, de la FCCA, los detalles del nuevo impuesto de 21 dólares por pasajero de crucero. La industria crucerista, a cambio, se ha comprometido con el rescate turístico de Acapulco, con la posible llegada de nuevas líneas de Carnival Corporation.
Finalmente, el concurso mercantil de La Europea, con una deuda cercana a los 900 millones de pesos, entra en una fase crucial. El plazo para que los acreedores presenten objeciones al convenio vence este viernes. La empresa de José Ramón Ruiz busca el consentimiento de importantes instituciones financieras y proveedores como Diageo, Pernord Ricard, Cuervo, Vega Sicilia, Campari, Dragones, La Negrita, Freixenet, entre otros. Y como si fuera poco, la FIFA, con miras al Mundial 2026, busca controlar los sistemas de transporte en los aeropuertos de la CDMX, Guadalajara y Monterrey, generando controversia con el gremio de taxistas.
Fuente: El Heraldo de México