La sombra del crimen organizado se extiende sobre los municipios poblanos, revelando una trama de corrupción e impunidad que ha permeado las estructuras de poder. No se trata de casos aislados, sino de una red compleja que involucra a familias enteras, convertidas en cacicazgos que gobiernan con la fuerza del miedo y la complicidad criminal. La detención de tres alcaldes en menos de tres meses, ligados a delitos que van desde la extorsión hasta el secuestro, destapa una realidad alarmante: el poder local, en algunas regiones, ha sido cooptado por el crimen.

El caso de la familia González Vieyra es paradigmático. Padre e hijos, alcaldes de distintos municipios, construyeron un imperio basado en la intimidación y el control territorial. Armas, drogas y fauna exótica encontradas en la propiedad de uno de ellos son la evidencia de la opulencia y el descaro con que operaban. Mientras uno permanece prófugo, amparado por la lealtad –o el temor– de sus gobernados, los otros dos enfrentan la justicia. Pero, ¿hasta dónde llega la red de complicidades? ¿Quiénes más se han beneficiado de este entramado criminal?

La pregunta resuena en los pasillos del Congreso estatal, donde se asegura que la “limpia” apenas comienza. La mira está puesta en otros presidentes municipales, sospechosos de corrupción y vínculos con grupos delictivos. La operación, sin embargo, no se limita a la detención de individuos. Debe ir más allá, desmantelando las estructuras que permitieron la infiltración del crimen y restaurando la confianza en las instituciones. Se requiere una intervención integral que aborde las causas profundas del problema: la falta de oportunidades, la pobreza, la impunidad y la debilidad del Estado de derecho.

La situación en Puebla es un síntoma de un mal que aqueja a diversas regiones del país. El abandono institucional ha creado un vacío de poder que el crimen organizado ha sabido aprovechar. La captura de estos alcaldes es sólo la punta del iceberg. Es necesario profundizar en las investigaciones, seguir el rastro del dinero y desenmascarar a todos los involucrados, sin importar su posición o influencia.

Mientras tanto, en Jalisco, otra amenaza se cierne sobre los jóvenes. La Universidad de Guadalajara alerta sobre el creciente número de desapariciones, atribuidas al reclutamiento forzado del crimen organizado. Las redes sociales se han convertido en la herramienta predilecta para atraer a las víctimas con falsas promesas de empleo. La Central Camionera de Tlaquepaque se ha convertido en un punto crítico, donde jóvenes, muchos de ellos estudiantes, son vistos por última vez. ¿Qué medidas está tomando el gobierno de Pablo Lemus para frenar esta tragedia? La angustia de las familias exige respuestas y acciones concretas. No podemos permitir que la juventud sea presa de la violencia y la criminalidad. Es urgente una estrategia integral que proteja a nuestros jóvenes y les brinde un futuro digno y seguro. El silencio cómplice no es una opción.