La sombra del crimen organizado se extiende sobre los municipios poblanos como una plaga silenciosa, pero letal. No se trata de rumores ni de simples sospechas, sino de una realidad que golpea con la fuerza de las detenciones, las armas incautadas y el silencio cómplice de quienes miraron hacia otro lado durante demasiado tiempo. Cuatro alcaldes, en menos de tres meses, han sido señalados por su presunta participación en una red criminal que abarca desde la extorsión y el robo hasta el narcomenudeo y el secuestro. ¿Cómo es posible que la corrupción haya alcanzado niveles tan alarmantes? ¿Cómo es posible que funcionarios públicos, encargados de velar por la seguridad y el bienestar de sus comunidades, se conviertan en los principales depredadores?

El caso de la familia González Vieyra, con tres hermanos alcaldes en diferentes municipios, ilustra a la perfección la magnitud del problema. Un cacicazgo político que, según las investigaciones, tejió una red de protección criminal a su alrededor. Gobernaban con la ley del miedo, imponiendo su voluntad a base de plomo y amenazas. Mientras Uruviel y Giovanni, alcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca respectivamente, se encuentran tras las rejas, su padre, Ramiro, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, permanece prófugo, amparado por el silencio y la complicidad de algunos pobladores. ¿Quiénes son estos cómplices? ¿Qué los motiva a proteger a un presunto delincuente? ¿Es el miedo, la lealtad mal entendida o la participación en los beneficios ilícitos?

La detención del alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, fue solo la punta del iceberg. Un iceberg que revela la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales. La corrupción no es un fenómeno nuevo en la política mexicana, pero lo que ocurre en Puebla ha encendido todas las alarmas. El gobierno estatal reconoce la gravedad de la situación, pero las palabras no son suficientes. Se necesitan acciones contundentes, investigaciones a fondo que lleguen hasta las últimas consecuencias. No se trata solo de detener a los alcaldes involucrados, sino de desmantelar toda la red de complicidades que les permitió operar con impunidad durante tanto tiempo.

El Congreso de Puebla, liderado por Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, asegura que la limpia apenas comienza. Se esperan más detenciones en los próximos días, lo que confirma que la corrupción no se limita a unos cuantos individuos aislados, sino que se trata de un problema sistémico. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta red de corrupción? ¿Cuántos otros funcionarios públicos están involucrados? ¿Qué medidas se tomarán para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro?

Y mientras Puebla se enfrenta a esta crisis, en Jalisco la Universidad de Guadalajara alerta sobre la creciente desaparición de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, víctimas del reclutamiento forzado del crimen organizado. Las redes sociales se han convertido en la herramienta predilecta de los reclutadores, que utilizan falsas ofertas de empleo para atraer a sus víctimas. La Central Camionera de Tlaquepaque se ha convertido en un punto negro, donde muchos jóvenes son vistos por última vez. ¿Qué está haciendo el gobierno de Pablo Lemus para frenar esta tragedia? La UdeG ya reporta al menos 24 alumnos desaparecidos. La indiferencia no es una opción. La sociedad exige respuestas y acciones concretas. La seguridad y el futuro de nuestros jóvenes están en juego.