El fortalecimiento de la justicia electoral en México da un paso firme hacia el futuro con la renovación del acuerdo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este compromiso renovado no se limita a una simple firma en un papel, sino que representa una apuesta decidida por la inclusión y el acceso a la justicia de las comunidades y grupos más vulnerables de nuestra sociedad. La magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, ha sido clara al expresar la importancia de esta alianza como un motor para dinamizar la cooperación a nivel regional e internacional. Imaginen un futuro donde las mejores prácticas en materia de justicia electoral se compartan y repliquen, donde el diálogo constructivo sea la norma y donde la experiencia de México sirva de inspiración para otros países. Este es el horizonte que se vislumbra con la renovación de este memorando.

La reunión de trabajo con el representante residente del PNUD en México, Lorenzo Jiménez de Luis, no solo sirvió para revisar los logros alcanzados en el acuerdo previo, sino también para trazar una hoja de ruta aún más ambiciosa. Se habló de la historia de cooperación entre ambas instituciones, un testimonio del compromiso compartido por fortalecer la democracia en México. Pero más allá de la retrospectiva, la mirada se fijó en el futuro, en la necesidad de incorporar estrategias y protocolos que garanticen el acceso a la justicia de los grupos de atención prioritaria. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no es un documento olvidado en un cajón, sino una guía que ilumina el camino hacia un futuro más justo e igualitario.

La magistrada Soto Fregoso enfatizó la importancia del enfoque transversal de género, interculturalidad e interseccionalidad en la jurisprudencia del TEPJF. Este no es un simple tecnicismo legal, sino una herramienta poderosa para garantizar que las mujeres y otros grupos históricamente marginados tengan una voz y una participación plena en la vida política del país. Imaginen el impacto real en la vida de las mujeres indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTQ+, al tener la certeza de que sus derechos serán protegidos y que sus voces serán escuchadas. Esto es lo que se busca con la aplicación de estos criterios: justicia para todos y todas, sin importar su origen, género o condición.

El TEPJF se compromete a compartir sus criterios y jurisprudencia, no como un acto de vanidad, sino como una contribución al fortalecimiento de la democracia en la región. Este intercambio de conocimiento, junto con la colaboración con el PNUD, permitirá construir una red de apoyo y aprendizaje mutuo, donde las experiencias y los desafíos se compartan para encontrar soluciones innovadoras y efectivas. La participación de figuras clave como el director general de Relaciones Institucionales Internacionales del TEPJF, Alberto Guevara Castro, y la oficial nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD, Annabelle Sulmont, demuestra la seriedad y el compromiso de ambas instituciones con este ambicioso proyecto. Este es un paso crucial para consolidar la democracia en México y un ejemplo inspirador para la región. El futuro de la justicia electoral se construye hoy, con la colaboración, el diálogo y la firme convicción de que la inclusión es el camino hacia una sociedad más justa y democrática.