La apatía electoral, un fantasma que acecha a la justicia. A tan solo unas semanas de la elección de los integrantes del Poder Judicial, la sombra de la abstención se cierne sobre un proceso crucial para la democracia del país. El camino recorrido hasta este punto ha estado plagado de obstáculos, desde la polémica reforma que dio origen a la elección popular de jueces y magistrados, hasta la escasez de recursos que ha dificultado la labor del INE. Y a pesar del esfuerzo titánico del Instituto Nacional Electoral por sacar adelante la organización, la ciudadanía parece ajena a la importancia de este proceso.

El debate en torno a la participación ciudadana se ha intensificado en los últimos días. ¿Es responsabilidad exclusiva del INE promover el voto o los tres Poderes de la Unión deben involucrarse activamente? Si bien el Tribunal Electoral ha dictaminado que todos los poderes tienen la facultad de fomentar la participación, la realidad es que, más allá de los órganos electorales, la promoción del voto ha sido prácticamente nula. Este silencio institucional contrasta con la urgencia de la situación, con la necesidad de que la ciudadanía comprenda la trascendencia de elegir a quienes impartirán justicia en el país.

La complejidad del proceso electoral, con una geografía judicial poco intuitiva y un número de cargos sin precedentes, ha dificultado la difusión de información clara y concisa para el electorado. A esto se suma la limitación en las campañas de los candidatos, restringidas principalmente a las redes sociales y al reparto de volantes con recursos propios. Un vistazo a las cuentas en redes sociales de algunos candidatos revela un alcance limitado, con apenas unas decenas de miles de seguidores. Sin la posibilidad de pautar anuncios para llegar a una audiencia más amplia, el desafío de darse a conocer y conectar con los votantes se vuelve monumental.

La falta de recursos del INE ha sido una constante en este proceso. Un presupuesto insuficiente ha limitado las estrategias de difusión y promoción del voto, dejando al Instituto con las manos atadas para contrarrestar la apatía ciudadana. Y aunque el INE ha demostrado su capacidad para organizar elecciones de manera eficiente, la falta de interés por parte de la población podría traducirse en una baja participación, un escenario injusto que podría atribuirse erróneamente al Instituto.

La controversia sobre la revisión de los requisitos de elegibilidad de los candidatos y la posible infiltración de perfiles ligados a grupos delictivos ha acaparado la atención en los últimos días. Sin embargo, más allá de la discusión sobre la rigurosidad del proceso de selección, la ley ofrece mecanismos para impugnar la elegibilidad de los candidatos incluso después de la entrega de la constancia de mayoría. El Tribunal Electoral tiene la facultad de analizar la elegibilidad en un segundo momento, garantizando que quienes asuman cargos judiciales cumplan con los requisitos establecidos.

La participación ciudadana es el pilar fundamental de cualquier democracia. En esta elección, más que nunca, es crucial que la ciudadanía se informe, se involucre y ejerza su derecho al voto. El futuro del Poder Judicial, y con él, la impartición de justicia en el país, depende de la participación activa de todos. El silencio y la apatía no pueden ser una opción. El tiempo apremia y el llamado a la participación es urgente. No dejemos que la justicia se defina por la ausencia.

El panorama es preocupante. La combinación de una reforma polémica, recursos limitados, una geografía electoral compleja y una ciudadanía desinformada crea un caldo de cultivo para la abstención. Es imperativo redoblar esfuerzos para informar y concientizar a la población sobre la importancia de participar en este proceso electoral. El futuro del Poder Judicial, y en consecuencia, la justicia en México, está en juego. La apatía no puede ser el veredicto.