La 88° edición del banderazo de salida del Plan México ha traído consigo un torbellino de anuncios y expectativas. La Presidenta Claudia Sheinbaum, en un discurso cargado de optimismo, ha delineado las prioridades de su administración para impulsar el crecimiento económico y la inversión, enfatizando la necesidad de una sinergia entre el gobierno y el sector financiero. Si bien los últimos resultados económicos han superado las proyecciones de Hacienda, la volatilidad generada por las políticas comerciales de Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, plantea un escenario complejo que exige estrategias audaces y adaptables.

El llamado a la reducción de las tasas de interés para las MiPyMES, un sector crucial para la economía nacional, resuena con fuerza en un contexto donde el acceso al crédito se vuelve fundamental para el crecimiento del mercado interno. La reciente decisión de Banxico de ajustar la tasa al 9% es un paso en la dirección correcta, pero aún queda camino por recorrer. La Presidenta Sheinbaum ha insistido en la importancia de facilitar el acceso al financiamiento para estas empresas, reconociendo su papel como motor de la economía y generadoras de empleo. El convenio de colaboración entre la Asociación de Bancos de México y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México se presenta como una herramienta clave para lograr este objetivo, buscando mecanismos innovadores que permitan a las MiPyMES obtener los recursos que necesitan para prosperar.

La actualización del Protocolo de Sostenibilidad de la banca mexicana es otro punto destacable. En un mundo cada vez más consciente de la importancia del desarrollo sostenible, este protocolo busca alinear al sector financiero con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, impulsando prácticas responsables y una visión a largo plazo. La integración de criterios de sostenibilidad en las decisiones de inversión y financiamiento es crucial para construir una economía resiliente y un futuro próspero para las próximas generaciones.

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. La volatilidad del mercado, exacerbada por la incertidumbre en torno a la reforma judicial y las políticas proteccionistas de la administración Trump, genera un clima de cautela entre los inversionistas. El nearshoring, que se presentaba como una oportunidad dorada para México, se enfrenta a la desconfianza del sector privado y de organismos internacionales, quienes observan con atención el desarrollo del “Mexico’s moment”.

Ante este panorama, la Secretaría de Economía reconoce la necesidad de adaptar el Plan México a las nuevas realidades. El enfoque inicial, que apostaba fuertemente por la atracción de inversión extranjera, ha dado paso a una estrategia centrada en el fortalecimiento del mercado interno. La revitalización de la banca de desarrollo, que durante la administración de López Obrador se mantuvo en un segundo plano, se presenta como un pilar fundamental de esta nueva estrategia. Se espera que la banca de desarrollo impulse proyectos estratégicos prioritarios, pero la movilización de recursos financieros privados será indispensable para alcanzar las metas establecidas.

El Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización jugará un papel crucial en la inclusión de los grupos financieros, facilitando el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado. La pregunta que queda en el aire es cómo se logrará asegurar la movilización de los recursos necesarios para financiar el desarrollo nacional. La respuesta, sin duda, dependerá de la capacidad del gobierno para generar confianza en los inversionistas, ofreciendo un marco jurídico estable, políticas públicas coherentes y un entorno propicio para el crecimiento económico. El futuro del Plan México y del país, en gran medida, dependerá de ello.