La comunidad universitaria de Zacatecas se encuentra en vilo ante el desarrollo del caso del rector Rubén “I”. La sombra de la acusación por violación equiparada agravada se cierne sobre la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), generando una ola de incertidumbre y especulación en torno al futuro de la institución. La reciente solicitud de la defensa de ampliar el plazo constitucional a 144 horas ha prolongado la tensión, mientras el rector permanece recluido en el centro penitenciario de Cieneguillas. Este nuevo aplazamiento ha alimentado las discusiones y los análisis sobre las estrategias legales en juego y las posibles implicaciones para el proceso electoral que se avecina en la UAZ.

La Fiscalía, por su parte, se muestra confiada en la solidez de las pruebas recabadas y busca la máxima pena para los delitos denunciados, que podrían alcanzar hasta 22 años de prisión. La fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra las mujeres por razones de género, Martha Berenice Vázquez González, ha reiterado la gravedad del delito y la justificación de la prisión preventiva. Sus declaraciones han resonado en la opinión pública, avivando el debate sobre la justicia y la protección de las víctimas en casos de violencia de género. La firmeza de la Fiscalía contrasta con la postura de la defensa, que asegura contar con elementos suficientes para refutar las pruebas presentadas y lograr la liberación de Rubén “I”.

El abogado defensor, Darío Gamón, ha insistido en la presunción de inocencia de su cliente y ha afirmado que Rubén “I” no tiene intención de renunciar a su cargo como rector de la UAZ. Esta declaración ha generado diversas reacciones dentro de la comunidad universitaria, desde quienes apoyan la continuidad del rector hasta quienes exigen su renuncia inmediata. La situación se complejiza aún más con la cercanía del proceso electoral para la renovación de la rectoría, lo que añade un componente político al caso. Se especula sobre la posibilidad de que la acusación contra el rector sea una estrategia para desestabilizar el proceso electoral y favorecer a ciertos candidatos.

La Fiscalía ha negado categóricamente cualquier trasfondo político en la detención del rector, asegurando que se trata únicamente de una cuestión de tiempos procesales. Sin embargo, la coincidencia temporal entre la detención y el proceso electoral ha sembrado la duda en algunos sectores de la comunidad universitaria. Se cuestiona la imparcialidad de las autoridades y se teme que el caso pueda influir en el resultado de las elecciones.

Mientras tanto, la UAZ se encuentra en una situación de incertidumbre y fragilidad. La imagen de la institución se ha visto afectada por la acusación contra su rector, y la comunidad universitaria se encuentra dividida entre quienes creen en la inocencia de Rubén “I” y quienes exigen su destitución. El futuro de la UAZ dependerá en gran medida del desenlace del proceso judicial y de la capacidad de la institución para superar esta crisis y recuperar la confianza de la sociedad. El próximo jueves se espera una resolución crucial en el caso, que podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.