La sombra de la sospecha se cierne sobre el gobierno de Baja California. Desde Washington D.C., llegan noticias inquietantes que ponen en tela de juicio la integridad de la gobernadora Marina del Pilar, su esposo Carlos Torres, y su cuñado Luis Torres. El diputado panista Federico Döring Casar ha lanzado una grave acusación: “huachicol fiscal”, contrabando de combustible, sería la razón por la cual las autoridades estadounidenses habrían revocado las visas de la familia de la mandataria estatal.

Döring Casar, en declaraciones realizadas desde el aeropuerto de Washington, no solo ha señalado a la familia de la gobernadora, sino que ha ampliado el círculo de sospechas hacia otros miembros del partido Morena. Según el diputado, una red de contrabando de diesel estaría operando en el estado, involucrando a figuras políticas de alto nivel. La magnitud de la acusación es impactante: un decomiso de ocho millones de litros de diesel en Ensenada, vinculado a un exsenador morenista, sería la punta del iceberg de una trama que podría tener ramificaciones insospechadas.

La imagen de la gobernadora Marina del Pilar se ve seriamente comprometida por estas revelaciones. La revocación de su visa, junto con la de su esposo, alimenta las sospechas y genera una profunda incertidumbre sobre la transparencia de su administración. El silencio del gobierno estatal ante estas acusaciones resulta, cuanto menos, preocupante. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Se trata de una campaña de desprestigio orquestada por la oposición o existen pruebas sólidas que respalden las palabras del diputado Döring?

La gravedad de la situación exige una investigación exhaustiva e imparcial. No se trata solo de un asunto político, sino de un delito que afecta directamente a la economía del país y a la seguridad de los ciudadanos. El contrabando de combustible, además de representar una pérdida millonaria para el erario público, financia a grupos delictivos y perpetúa la violencia en el país.

La opinión pública se encuentra a la expectativa. Las declaraciones del diputado Döring Casar han generado un debate intenso en redes sociales y medios de comunicación. La exigencia de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en un clamor popular. La gobernadora Marina del Pilar tiene la obligación de dar la cara y responder a las acusaciones que pesan sobre ella y su familia. El futuro político de Baja California y la confianza de la ciudadanía están en juego. El tiempo corre y la incertidumbre crece. ¿Se llegará al fondo de este asunto? ¿Se hará justicia? Solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, la frase pronunciada por el diputado Döring Casar resuena con fuerza: "La familia de la gobernadora está hasta el cogote con la delincuencia organizada". Una acusación de tal magnitud no puede ser ignorada. La sociedad bajacaliforniana merece saber la verdad. La justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés político o personal.