La sombra de la opacidad se cierne nuevamente sobre el sistema de salud mexicano. El reciente Índice de Transparencia del Gasto en Salud Estatal y Federal 2025, elaborado por Aregional, nos muestra un panorama desolador: 26 de 32 entidades federativas reprobadas, un promedio nacional de apenas 43.43 puntos y un retroceso respecto al año anterior. Estas cifras, frías y contundentes, no son simples estadísticas. Representan la vulnerabilidad de un sistema que, en lugar de proteger la salud de los mexicanos, se esconde en las tinieblas de la opacidad. Mientras Querétaro, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Baja California y Coahuila se asoman a la luz de la transparencia, el resto del país se debate en la oscuridad. ¿Qué significa esto para los ciudadanos? Significa incertidumbre, desconfianza y, en muchos casos, la imposibilidad de acceder a una atención médica digna.

No podemos seguir normalizando la falta de transparencia en un sector tan crucial como la salud. No se trata de un mero trámite administrativo, sino de un asunto de vida o muerte. La opacidad en el gasto público de salud no solo impide la rendición de cuentas, sino que abre la puerta a la corrupción, la ineficiencia y la negligencia. Y lo que es aún más grave: impacta directamente en la calidad de la atención médica que reciben los mexicanos, especialmente los más vulnerables.

La simulación se ha convertido en una práctica común en diversas áreas del sistema. Informes maquillados que ocultan la realidad, proveedores "a modo" que se benefician de la falta de control, padrones de medicamentos falsos que ponen en riesgo la vida de los pacientes, clínicas fantasma que desvían recursos y la ausencia sistemática de datos verificables son solo algunas de las manifestaciones de esta preocupante realidad. Este entramado de irregularidades no solo debilita al Estado, sino que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y afecta directamente a quienes más necesitan los servicios de salud.

¿Cómo podemos exigir una atención médica digna si desconocemos el destino de los recursos destinados a la salud? ¿Cómo podemos confiar en un sistema que oculta o manipula la información pública? La transparencia no es un capricho burocrático, sino la garantía de que los recursos lleguen a donde deben, de que los medicamentos estén disponibles y de que las políticas de salud se basen en datos reales y no en simulaciones.

La reciente inhabilitación de funcionarios por compras simuladas en el sector salud, anunciada por la Presidenta de la República, es un paso importante, pero no suficiente. Se requiere un compromiso real con la transparencia, que vaya más allá de casos aislados. Necesitamos un seguimiento riguroso de las investigaciones, sanciones efectivas para los responsables y, sobre todo, una voluntad política inquebrantable para desmantelar la cultura de opacidad que se ha arraigado en el sistema.

Los estados deben asumir su responsabilidad en esta tarea. No basta con señalar culpables, sino que es necesario transformar los sistemas desde la raíz. Aregional nos advierte que la opacidad crece mientras la fiscalización disminuye. La información se vuelve cada vez menos accesible, y lo que está en juego es nada menos que el derecho humano a la salud.

Sin información no hay democracia, y en el caso del sector salud, sin información tampoco hay salud. La transparencia salva vidas, literalmente. No podemos permitir que la gestión de la salud pública se realice en la sombra. Sin datos confiables, no hay diagnósticos certeros ni políticas efectivas. La simulación mata.

La exigencia ciudadana debe ser clara y contundente: rendición de cuentas real, datos abiertos, auditorías públicas y una cultura de transparencia que permee todos los niveles del sector salud. No se trata solo de mejorar una calificación en un índice, sino de defender el derecho a la vida.